Chiapas.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos en cuatro municipios de Chiapas, relacionadas con fondos destinados a infraestructura social y apoyo a sectores vulnerables, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2024.
El órgano fiscalizador informó que se detectaron inconsistencias en la comprobación del gasto de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), lo que podría representar un monto superior a 8 millones de pesos sin justificar.
Entre los municipios observados se encuentra Villa Comaltitlán, donde la ASF identificó anomalías en la ejecución de un supuesto Centro de Asistencia Social, el cual, según el informe de auditoría, no opera en las condiciones reportadas por las autoridades municipales.
En el municipio de Pijijiapan, la revisión reveló que el gobierno local no logró acreditar el destino de recursos asignados para la compra de insumos básicos y la operación de un albergue, cuya existencia física no pudo ser comprobada durante la inspección.
Asimismo, en Motozintla se detectaron pagos a personal que presuntamente no cuenta con la acreditación profesional correspondiente para desempeñar funciones en el área de salud, lo que generó observaciones por parte del ente fiscalizador.
Mientras tanto, en Tapalapa se encontraron inconsistencias en la aplicación de recursos destinados a programas alimentarios, al no existir respaldo documental suficiente que comprobara el uso adecuado de dichos fondos.
La ASF señaló que estas observaciones forman parte del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2024 y deberán ser solventadas por los gobiernos municipales correspondientes dentro de los plazos establecidos por la ley.
En caso de no justificarse las observaciones, podrían derivarse procedimientos administrativos, sanciones o acciones legales por el presunto uso indebido de recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación reiteró que el objetivo de estas revisiones es garantizar la transparencia y correcta aplicación de los recursos federales transferidos a estados y municipios, especialmente aquellos destinados a programas de impacto social y atención a sectores vulnerables.
