TAPACHULA, CHIAPAS.- Entre 60 y 70 mil migrantes de distintas nacionalidades permanecen varados en la ciudad de Tapachula, Chiapas, muchos de ellos desde hace varios meses y otros tras haber sido deportados recientemente desde Estados Unidos, informó el director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis García Villagrán.
El activista señaló que los extranjeros enfrentan una situación crítica ante la falta de empleo y oportunidades en la región, por lo que exigen la intervención de las autoridades mexicanas para poder trasladarse a otros estados del país donde puedan acceder a mejores condiciones de vida.
De acuerdo con García Villagrán, la problemática se ha agravado tras las deportaciones realizadas por el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, situación que calificó como una violación a la ley migratoria internacional.
Ante este panorama, anunció que este martes presentarán un amparo ante juzgados federales para solicitar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) otorguen soluciones legales a los migrantes que permanecen en la frontera sur.
El director del CDH explicó que, conforme a la legislación vigente, los migrantes tienen derecho a solicitar visas por razones humanitarias, lo que les permitiría salir de Chiapas y desplazarse hacia otras entidades del país.
“La mayoría se encuentra en un limbo migratorio y no hay respuesta de ninguna institución. Ellos no quieren permanecer aquí porque no hay trabajo y su situación se deteriora; además, muchos niños no tienen acceso suficiente a servicios de salud y educación”, expresó.
Como parte de las acciones para visibilizar la crisis humanitaria, García Villagrán anunció la realización del “Viacrucis Migrante”, programado para los días 25 y 26 de marzo, movilización que busca llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan los extranjeros al no contar con un documento jurídico que regularice su estancia en México.
Organizaciones civiles han advertido que la concentración prolongada de migrantes en Tapachula mantiene presión sobre los servicios públicos y evidencia la necesidad de políticas migratorias que garanticen atención humanitaria y soluciones legales oportunas.
