La crisis institucional provocó protestas, enfrentamientos y la detención de tres personas; el presidente Karol Nawrocki interrumpió un viaje oficial a Senegal para regresar a Varsovia.
POLONIA.- El Tribunal Constitucional de Polonia denunció este viernes un presunto “golpe de Estado”, luego de que en su página web oficial aparecieran anuncios sobre el nombramiento de Anna Korwin-Piotrowska como presidenta de la institución, mientras que Bogdan Swieczkowski y el vicepresidente Bartlomiej Sochanski fueron señalados como temporalmente suspendidos de sus funciones.
En un comunicado difundido a través de la red social X, el tribunal rechazó estos cambios y sostuvo que Swieczkowski continúa al frente del organismo, acompañado por Sochanski en la vicepresidencia. Además, aseguró que Korwin-Piotrowska no es magistrada de esa instancia judicial.
“Todas las personas que participan en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado”, advirtió la institución, en medio de una creciente confrontación política y jurídica por el control del máximo órgano constitucional del país.
La disputa también provocó protestas en las inmediaciones de la sede judicial, donde decenas de personas se congregaron para rechazar la suspensión de sus dirigentes. Durante las manifestaciones se registraron episodios de violencia y la Policía denunció que algunos asistentes lanzaron objetos peligrosos contra los agentes.
Ante la tensión, el presidente polaco, Karol Nawrocki, decidió cancelar su viaje oficial a Senegal, donde tenía previsto reunirse con su homólogo y representantes de la Unión Africana, para regresar de inmediato a su país.
A través de sus redes sociales, el mandatario justificó su decisión al señalar que, ante la gravedad de los acontecimientos, debía permanecer en Polonia. A su llegada a Varsovia se trasladó al Palacio Presidencial, donde sostuvo reuniones con Swieczkowski y el presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski.
Por su parte, la Policía informó que recibió una advertencia de una jueza del Tribunal Constitucional sobre posibles amenazas contra la vida y la integridad de magistrados y trabajadores de la institución, así como riesgos para el orden público.
Los agentes fueron desplegados en el exterior del inmueble para garantizar la seguridad, aunque aclararon que no ingresaron a las instalaciones ni intervinieron en las actividades internas del tribunal. Como parte del operativo, tres personas fueron detenidas después de saltar la valla e ingresar al terreno de la sede judicial.
La controversia también generó reacciones de figuras de la oposición. El ex primer ministro y actual diputado Mateusz Morawiecki calificó lo sucedido como una toma forzosa del tribunal y cuestionó que una jueza cuyo juramento no habría sido aceptado por el presidente se autoproclamara titular de la institución y suspendiera a sus dirigentes.
Morawiecki sostuvo que la crisis judicial no puede resolverse mediante acciones que, a su juicio, vulneran las normas institucionales, e instó al primer ministro Donald Tusk a retirar a la Policía del lugar.
En la misma línea, el expresidente Andrzej Duda responsabilizó al actual Gobierno de la crisis, al acusarlo de mantener durante meses una supuesta inacción deliberada para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Constitucional.
Duda afirmó que la falta de designaciones por parte del Parlamento prolongó el conflicto en torno a la integración del organismo, debido a que los mandatos de los nuevos jueces comienzan a contar a partir de la toma de protesta.
A las críticas políticas se sumaron cuestionamientos jurídicos. El abogado Marcin Matczak puso en duda la facultad de Korwin-Piotrowska para suspender al presidente y vicepresidente del tribunal, al señalar que la legislación permite a la jueza de mayor antigüedad asumir temporalmente las funciones de la presidencia únicamente cuando exista una imposibilidad para que el titular desempeñe su cargo.
Según su interpretación, la propia decisión de suspender a Swieczkowski habría generado la supuesta imposibilidad que Korwin-Piotrowska utilizó para justificar su intervención, por lo que cuestionó que tuviera atribuciones legales para emitir esa orden.
El enfrentamiento deja al descubierto una profunda crisis institucional en Polonia, con posiciones encontradas entre el Gobierno, sectores de la oposición y autoridades judiciales, mientras crece la incertidumbre sobre la legalidad de los cambios anunciados y el futuro de la máxima instancia constitucional del país.
