Con 281 votos a favor y 83 en contra, Morena y sus aliados avalaron modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La reforma fue enviada al Ejecutivo para su publicación, mientras la oposición cuestionó que no se incorporaran precisiones para proteger memes, cartones periodísticos y la libertad de expresión.

CIUDAD DE MÉXICO.— Con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la Cámara de Diputados aprobó en lo particular reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), cuyo contenido generó controversia entre legisladores de mayoría y oposición por sus posibles alcances sobre la libertad de expresión.

Tras casi 10 horas de discusión, el dictamen obtuvo 281 votos a favor y 83 en contra, estos últimos de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Con su aprobación, el documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor conforme a las disposiciones correspondientes.

Durante el debate, integrantes de la oposición calificaron la propuesta como una “ley antimemes” y advirtieron sobre el riesgo de que las modificaciones pudieran utilizarse para sancionar contenidos satíricos, caricaturas políticas o publicaciones en redes sociales.

En contraste, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma como un instrumento para combatir la piratería y los fraudes cometidos mediante páginas electrónicas apócrifas que utilizan emblemas, documentos e identidades gráficas de instituciones públicas para engañar a la ciudadanía.

Rechazan cambios para proteger memes y cartones

Durante la discusión se presentaron 177 reservas, defendidas por 64 oradores, pero ninguna fue admitida para su discusión.

Entre las propuestas rechazadas se encontraba la solicitud de legisladores opositores para incorporar precisiones que establecieran expresamente que la reforma no tendría como objetivo sancionar memes, cartones periodísticos ni expresiones protegidas por la libertad de expresión.

Por la tarde, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que incluir excepciones específicas para determinados sectores no era técnicamente viable dentro de una legislación de aplicación general.

El legislador aseguró que la reforma no está dirigida contra periodistas ni caricaturistas y afirmó que su aplicación dependerá de la existencia de una conducta delictiva.

“Nunca se va a aplicar en contra de un periodista, si no hay delito alguno”, expresó Monreal al defender el alcance de las modificaciones.

Artículo 403 Bis concentra la controversia

Uno de los puntos más debatidos fue la redacción del artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla sanciones para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, elementos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, con la intención de inducir a error o engaño para cometer un ilícito.

La discusión se centró en el alcance de esta disposición y en la necesidad de distinguir entre el uso fraudulento de símbolos oficiales y la utilización de esos elementos con fines informativos, satíricos o de crítica política.

Mientras la mayoría legislativa sostuvo que el propósito es impedir que terceros suplanten la identidad de dependencias públicas para cometer fraudes, la oposición insistió en que la redacción debía ofrecer mayores garantías para evitar interpretaciones que pudieran afectar la expresión ciudadana y el trabajo periodístico.

La aprobación dejó sin cambios las disposiciones cuestionadas por la oposición, al no prosperar ninguna de las reservas presentadas durante la discusión.

Con el envío del dictamen al Ejecutivo, el debate se trasladó al alcance que tendrá la reforma una vez publicada y a la manera en que las autoridades aplicarán las nuevas disposiciones en casos concretos.

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