El gobernador de Jalisco evitó responder a los señalamientos sobre una presunta coordinación entre manifestantes violentos y autoridades policiales. Tras las protestas del 18 de octubre, el gobierno estatal reportó 10 detenidos, 15 policías con lesiones leves y daños estimados en 15 millones de pesos.
JALISCO.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, evitó pronunciarse directamente sobre los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que advirtió indicios de una presunta coordinación entre grupos violentos de manifestantes y autoridades policiales, y centró su mensaje en acusar a personas ajenas a la entidad de intentar generar violencia y desestabilización.
A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario emanado de Movimiento Ciudadano (MC) sostuvo que su administración no permitirá que intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco mediante actos violentos.
“No podemos permitir que a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco. En Jalisco no somos así, queremos y cuidamos nuestro estado”, expresó.
Lemus llamó a cerrar filas contra quienes calificó como violentos y aseguró que la confrontación no beneficia a la entidad, sin responder de manera directa a los cuestionamientos formulados por el organismo nacional de derechos humanos.
CNDH cuestiona actuación de las autoridades
Los señalamientos de la CNDH surgieron en el contexto de las protestas y los hechos de violencia registrados en Jalisco, así como de las denuncias relacionadas con presuntos actos de tortura ocurridos en Casa Jalisco el pasado 11 de octubre.
La comisión señaló que existen elementos que generan suspicacia respecto a una posible coordinación entre manifestantes violentos y autoridades policiales. También cuestionó que, hasta el lunes, no se hubieran presentado reclamos de familiares de las personas detenidas ni que estas hubieran interpuesto quejas, según lo expuesto en la información proporcionada.
En paralelo, desde días antes circularon en redes sociales mensajes de cuentas identificadas como bots o simpatizantes de Movimiento Ciudadano contra la CNDH, en una campaña que anticipaba posibles señalamientos contra el gobierno estatal por la actuación de sus elementos de seguridad.
Gobierno reporta daños por 15 millones de pesos
En su mensaje, el gobernador afirmó que durante la manifestación del domingo 18 de octubre se evitó la infiltración de grupos de choque y aseguró que no hubo enfrentamientos ni manifestantes pacíficos afectados.
Sin embargo, señaló que se registraron daños al patrimonio histórico, saqueos a comercios y actos que, según su versión, pusieron en riesgo a la población.
Entre los hechos que mencionó se encuentran la ruptura de tres puertas del Palacio de Gobierno, daños a vidrios, lanzamiento de piedras, destrucción de cámaras de seguridad y pintas en los muros del recinto gubernamental y de la Catedral de Guadalajara.
También denunció el lanzamiento de artefactos explosivos contra las puertas del Congreso del Estado y del Palacio de Justicia.
De acuerdo con el balance preliminar del gobierno de Jalisco, los acontecimientos dejaron 10 personas detenidas, 15 policías estatales con lesiones leves y daños estimados en 15 millones de pesos al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano.
Mientras la administración estatal enfatizó los daños materiales y los actos violentos ocurridos durante la movilización, los cuestionamientos de la CNDH mantienen bajo escrutinio la actuación policial y las denuncias relacionadas con posibles violaciones a los derechos humanos.
