Alrededor de 200 exjuzgadores federales denunciaron ante la Comisión de Justicia del Senado el incumplimiento de sus derechos laborales por parte del Órgano de Administración Judicial. El monto pendiente de indemnizaciones y pensiones complementarias se estima entre 500 y 600 millones de pesos.
Ciudad de México.— Jueces y magistrados federales en retiro solicitaron la intervención del Senado de la República para exigir al Órgano de Administración Judicial (OAJ) el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias que, aseguran, les corresponden conforme a la reforma constitucional en materia judicial y las disposiciones legales aplicables.
Durante una reunión celebrada este jueves con integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, la presidenta de la Asociación Civil de Personas Juzgadoras Federales en Retiro, Elba Sánchez Pozo, denunció que alrededor de 200 exjuzgadores continúan sin recibir las prestaciones que reclaman, pese a que la legislación establece mecanismos para garantizar sus derechos laborales.
La magistrada explicó que el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional judicial contempla el respeto a los derechos laborales de las personas juzgadoras, mientras que la legislación secundaria establece una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días por cada año de servicio.
Sin embargo, señaló que, aunque aproximadamente 600 exjuzgadores ya recibieron su liquidación, otros 80 continúan pendientes de pago y a 120 más se les niegan las pensiones complementarias que reclaman.
De acuerdo con Sánchez Pozo, el OAJ justifica la negativa con el argumento de que los solicitantes no presentaron ante el Senado su declinación para participar en la elección judicial de 2025. La representante sostuvo que esa interpretación es improcedente, pues muchos de ellos entregaron sus documentos ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal.
La dirigente afirmó que los afectados han acudido a distintas instancias del Gobierno federal y del Poder Judicial sin obtener una respuesta favorable.
“No buscamos privilegios, ni queremos hacer trampa al gobierno, como nos acusó el presidente del OAJ, sólo que se respeten nuestros derechos”, expresó Sánchez Pozo ante los legisladores.
Agregó que entre los afectados hay personas con hasta 40 años de trayectoria en el Poder Judicial, quienes consideran injusto el trato recibido durante sus gestiones y movilizaciones para reclamar las prestaciones.
La magistrada también denunció presuntos actos de intimidación y agresiones durante sus protestas. Según su testimonio, algunas personas intentaron agredirlos y les arrojaron sus teléfonos celulares, sin que, aseguró, conozcan quiénes estuvieron detrás de esos hechos.
En cuanto al impacto financiero, estimó que el pago de las indemnizaciones y pensiones complementarias pendientes representaría entre 500 y 600 millones de pesos, debido a la antigüedad laboral de los beneficiarios.
Denuncian falta de fundamento legal
Durante el encuentro, el magistrado en retiro Manuel Cano, quien cuenta con 38 años de servicio, cuestionó los argumentos utilizados por el OAJ para negar las prestaciones.
A su juicio, el organismo está imponiendo requisitos que no se encuentran establecidos en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que, afirmó, se desconocen derechos adquiridos por los exjuzgadores.
Por su parte, el juez en retiro Baltazar Castañón señaló que el titular del OAJ les comunicó que no existen recursos suficientes para cubrir los pagos. También relató que el funcionario cuestionó por qué los exjuzgadores no se conformaban con recibir únicamente la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los representantes de los jubilados sostienen que las pensiones complementarias y las indemnizaciones reclamadas son prestaciones distintas y que su cumplimiento debe evaluarse conforme a las disposiciones legales aplicables.
Senado buscará una solución
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, manifestó que, desde su perspectiva, a los exjuzgadores les asiste la razón respecto a lo establecido en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.
El legislador sostuvo que esa disposición no está sujeta a interpretaciones que permitan desconocer los derechos previstos y señaló que buscarán mecanismos para que se cubran los adeudos reclamados.
En el mismo sentido se pronunciaron la senadora de Morena, Lucía Trasviña, y la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, quienes expresaron su respaldo a la búsqueda de una solución.
La controversia abre un nuevo frente de discusión sobre las consecuencias laborales de la reforma judicial, particularmente en lo relativo a las condiciones de retiro de quienes dejaron sus cargos y al cumplimiento de las obligaciones que las autoridades deben asumir frente a ellos.
Mientras los exjuzgadores esperan una respuesta institucional, el monto reclamado y la diferencia de criterios con el OAJ mantienen pendiente la resolución de un conflicto que involucra derechos laborales, recursos públicos y la aplicación de las disposiciones transitorias de la reforma constitucional.
