La iniciativa contempla retirar contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, autolesiones, acoso y discursos de odio, además de exigir a las plataformas mecanismos de seguridad, controles parentales y colaboración con las autoridades.
Ciudad de México.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un decreto para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las plataformas digitales, mediante medidas para prevenir su exposición a contenidos violentos, discursos de odio, extremismo, abuso y explotación sexual, autolesiones, suicidio, trastornos alimenticios y ciberacoso, entre otros riesgos.
Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, la mandataria explicó que la propuesta busca garantizar que los entornos digitales sean espacios seguros para la población infantil y adolescente, por lo que las plataformas deberán desarrollar mecanismos para impedir el acceso a contenidos perjudiciales.
Sheinbaum Pardo señaló que la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) continuarían trabajando para que el decreto fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante la semana siguiente a su anuncio.
La presidenta indicó que la medida responde al compromiso de su administración de prevenir la violencia en los espacios digitales, particularmente en los entornos escolares, luego de los hechos ocurridos en Coahuila que motivaron a reforzar las acciones de protección para menores de edad.
Plataformas deberán reforzar sus mecanismos de seguridad
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el decreto establece obligaciones para las plataformas digitales que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.
Entre las principales disposiciones se encuentra evitar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso o reciban recomendaciones de publicaciones, imágenes y videos que promuevan la violencia, el abuso sexual, las autolesiones, el acoso escolar, el ciberbullying y otras conductas que pongan en riesgo su integridad.
Asimismo, las plataformas deberán implementar medidas de seguridad desde su diseño, clasificar los contenidos de acuerdo con la edad de los usuarios, habilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, y facilitar mecanismos para denunciar contenidos o cuentas que promuevan la violencia.
Otro de los puntos contempla establecer configuraciones predeterminadas de privacidad y seguridad que brinden una mayor protección a los menores de edad desde el momento en que comiencen a utilizar estos servicios.
Colaboración con autoridades y prevención
El decreto también plantea fortalecer la coordinación entre las empresas tecnológicas y las instancias de seguridad y procuración de justicia. Para ello, las plataformas deberán disponer de un punto de contacto las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras.
Además, se prevé la preservación y entrega de evidencias e información a las autoridades competentes, así como la notificación inmediata cuando se identifiquen contenidos que atenten contra la vida.
En materia de prevención, la estrategia se complementará con programas como El ABC de las emociones, mediante el cual se promueve la salud mental y el uso responsable de las plataformas digitales, así como con la Línea de la Vida, a través del número 800-911-2000.
La presidenta también destacó que su gobierno ha impulsado actividades educativas sobre salud emocional en escuelas de secundaria y educación media superior, además de realizar 35 mil 458 asambleas con madres y padres de familia para abordar estos temas.
Finalmente, se instruirá a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de trabajo para analizar y elaborar propuestas de regulación adicionales que permitan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
Con estas medidas, el Gobierno de México busca establecer mayores mecanismos de prevención, supervisión y respuesta frente a los riesgos que enfrentan los menores de edad en internet, con base en los principios constitucionales y las disposiciones legales en materia de protección de la infancia y la adolescencia.
