Documentos judiciales y antecedentes públicos muestran que el actual consejero del INE enfrentó un proceso relacionado con la compra de un inmueble del IEPCT por 32.6 millones de pesos; años después, su trayectoria lo llevó al máximo órgano electoral del país y mantiene vínculos profesionales con funcionarios y exfuncionarios de Tabasco.
VILLAHERMOSA, TAB.- La trayectoria de Jorge Montaño Ventura ofrece un recorrido que conecta distintos momentos de la vida electoral de Tabasco: de su paso por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), donde enfrentó un procedimiento relacionado con la compra de un inmueble, hasta su incorporación al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023.
La documentación disponible permite reconstruir parte de ese episodio y revisar cómo, años después, Montaño volvió a ocupar posiciones de relevancia dentro de las instituciones electorales.
Uno de los antecedentes más relevantes se encuentra en la adquisición de un inmueble ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara, en Villahermosa, destinado a convertirse en sede del IEPCT.
Una compra bajo investigación
De acuerdo con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco presentó en julio de 2014 una denuncia de hechos relacionada con la compra del inmueble por 32.6 millones de pesos.
El expediente señala que la Contraloría General del entonces IEPCT había determinado previamente un valor comercial de 24.292 millones de pesos, lo que representaba una diferencia de aproximadamente 8.3 millones respecto del precio pagado.
La resolución también refiere que la Contraloría del instituto había iniciado procedimientos administrativos identificados con los expedientes CG/PA/003/2012 y CG/PA/PRD/004/2012, en los que se cuestionó la actuación de servidores públicos involucrados en la operación.
El documento judicial señala que, el 2 de abril de 2013, la Contraloría determinó irregularidades administrativas y propuso sanciones. Posteriormente, el Congreso de Tabasco dio paso a un procedimiento de declaración de procedencia y el caso llegó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
La denuncia quedó registrada en la averiguación previa AP-DGI-270-2014, en la que se investigaba la posible responsabilidad de distintos funcionarios, entre ellos Montaño Ventura.
El paso por el Tribunal Electoral
El episodio no significó el final de la carrera de Montaño dentro de las instituciones electorales.
Posteriormente obtuvo un amparo y regresó a la función electoral como magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Más adelante se incorporó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la entidad.
Es importante precisar que la existencia de una investigación o procedimiento no equivale por sí misma a una condena penal. La documentación consultada acredita la existencia de las investigaciones y procedimientos descritos, pero no permite afirmar que Montaño haya sido condenado penalmente por esos hechos.
De Tabasco al Consejo General del INE
En 2023, Jorge Montaño llegó al Consejo General del INE mediante el procedimiento de insaculación realizado por la Cámara de Diputados.
Su designación generó cuestionamientos políticos por su trayectoria previa y por la cercanía que distintos actores le atribuían con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Algunas publicaciones periodísticas de aquel momento describieron a Montaño como cercano al exgobernador tabasqueño, aunque el propio Montaño sostuvo que su relación con López Hernández era de carácter institucional.
El nombramiento lo colocó en uno de los espacios centrales de la autoridad electoral mexicana, años después de haber enfrentado los señalamientos derivados de su paso por el órgano electoral de Tabasco.
La disputa por el control del árbitro electoral en Tabasco
La trayectoria de Montaño vuelve a adquirir relevancia en el contexto de la reorganización del IEPCT rumbo al proceso electoral local de 2026-2027.
En septiembre de 2026, cuatro de los siete integrantes del Consejo Estatal del IEPCT exigieron la remoción del entonces secretario ejecutivo Jorge Alberto Zavala Frías, después de que difundiera en su estado de WhatsApp un video relacionado con Daniel Casasús Ruz, aspirante de Morena a la alcaldía de Centro. Zavala posteriormente presentó su renuncia.
El propio IEPCT informó que la salida del funcionario no cerraba las investigaciones sobre el episodio y que correspondía a las instancias competentes determinar si existieron posibles infracciones administrativas o electorales.
La crisis abrió una nueva disputa por la Secretaría Ejecutiva del instituto, en momentos en que Tabasco se encuentra ante el inicio del proceso electoral local.
¿Una red de funcionarios tabasqueños?
Los cuestionamientos políticos actuales se han extendido a otros funcionarios que han coincidido profesionalmente con Montaño o con Adán Augusto López Hernández.
Entre los nombres mencionados se encuentra Carlos Enrique Íñiguez Rosique, quien actualmente ocupa la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado y anteriormente desempeñó cargos administrativos en Tabasco. También aparece Carlos Manuel Merino Campos, exgobernador de Tabasco y actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Sin embargo, la coincidencia profesional o política entre funcionarios no acredita por sí misma la existencia de una estructura ilegal o una operación de tráfico de influencias. Para sostener una acusación de esa naturaleza sería necesario contar con resoluciones, investigaciones o pruebas específicas que acrediten conductas ilícitas.
Lo que sí puede documentarse es la permanencia de varios actores tabasqueños en posiciones relevantes de la administración pública y de los organismos electorales.
El nuevo escenario
La controversia adquiere mayor importancia porque el IEPCT se encuentra en la antesala del proceso electoral local, en el que se renovarán 17 ayuntamientos y el Congreso estatal.
El caso de Jorge Montaño muestra cómo una trayectoria desarrollada durante años dentro de las instituciones electorales puede llevar a un funcionario desde un órgano local hasta el Consejo General del INE, pese a haber atravesado previamente procedimientos administrativos y señalamientos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Más que establecer una conclusión sobre una supuesta red de influencia, los antecedentes documentados plantean una pregunta de interés público: ¿qué mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas deben aplicarse cuando funcionarios con antecedentes controvertidos vuelven a ocupar posiciones estratégicas dentro de las instituciones electorales?
La respuesta corresponde a los órganos de control y a las autoridades competentes, a partir de expedientes, resoluciones y pruebas verificables, no únicamente de acusaciones políticas.
