Con 96 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar las llamadas y publicidad reiterada sin autorización; la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que contempla fuertes multas para empresas que realicen llamadas telefónicas o envíen publicidad de manera reiterada y sin autorización expresa de los consumidores.
El dictamen recibió 96 votos a favor y cero en contra y establece sanciones económicas que van de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 400 mil pesos, con el objetivo de fortalecer la protección de la privacidad y desincentivar prácticas consideradas como acoso comercial.
La medida alcanzaría a empresas de diversos sectores, entre ellas bancos, aseguradoras y prestadores de servicios, que contacten insistentemente a personas para ofrecer tarjetas de crédito, préstamos, seguros u otros productos, particularmente cuando el consumidor ya haya manifestado su negativa a recibir publicidad.
La senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez, promovente de la iniciativa, señaló que las modificaciones buscan prohibir las llamadas y el envío reiterado de publicidad por cualquier medio cuando no exista autorización expresa del consumidor.
Durante la discusión, legisladores coincidieron en que la privacidad de las personas debe ser respetada y que los ciudadanos no deberían verse obligados a rechazar repetidamente ofertas comerciales para dejar de recibir comunicaciones.
La senadora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura destacó que las empresas deberán respetar la decisión de los consumidores que manifiesten expresamente que no desean recibir este tipo de publicidad.
Refuerzan protección de datos y privacidad
La reforma plantea modificaciones a los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de establecer mecanismos de sanción que resulten disuasivos frente a las prácticas de publicidad telefónica insistente.
En la exposición de motivos se citan datos de la aplicación Truecaller, según los cuales México se encuentra entre los países con mayor incidencia de llamadas no deseadas, con un promedio estimado de 20 a 25 llamadas spam por usuario al mes.
El dictamen advierte que la saturación de llamadas comerciales no solamente representa una molestia para los consumidores, sino que también puede aumentar su vulnerabilidad ante posibles fraudes y estafas telefónicas.
Otro de los cambios establece que los proveedores cuyos productos o servicios sean objeto de publicidad podrán ser considerados corresponsables del manejo de la información de los consumidores, incluso cuando las campañas sean realizadas mediante terceros.
Asimismo, se mantiene el mecanismo mediante el cual los consumidores pueden manifestar que no desean recibir publicidad, al tiempo que se refuerza la obligación de las empresas de respetar esa decisión.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor.
Impacto social
La reforma podría representar un cambio relevante para millones de consumidores que reciben llamadas comerciales de manera recurrente, especialmente cuando estas continúan pese a haber solicitado que cesen.
De concretarse el proceso legislativo, las sanciones económicas elevarían el costo para las empresas que incumplan las restricciones y podrían incentivar mejores controles sobre el uso y transferencia de bases de datos. También podría contribuir a reducir la exposición de los usuarios a llamadas no solicitadas que, además de afectar su privacidad y tranquilidad, pueden ser utilizadas para intentar cometer fraudes.
