Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron detenidos en el aeropuerto de Viru Viru. Personal del Ministerio Público denunció el allanamiento de la Fiscalía y la detención de varios funcionarios, en medio de la controversia por las acusaciones de Estados Unidos contra el fiscal general.
La Paz.— La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, desató una crisis en el Ministerio Público, luego de que funcionarios denunciaran el supuesto secuestro del titular de la Fiscalía General del Estado, así como el allanamiento de sus instalaciones y el arresto de varios trabajadores.
De acuerdo con información publicada por el diario La Razón, ambos funcionarios fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, durante un operativo policial realizado la noche de este miércoles.
Tras conocerse los hechos, personal de la Fiscalía denunció públicamente lo ocurrido mediante una transmisión en vivo desde las instalaciones de la institución, luego de que elementos de la Policía impidieran el ingreso de periodistas que acudieron al lugar para cubrir el operativo.
Durante la transmisión, los trabajadores calificaron la detención de Mariaca como un secuestro y denunciaron el ingreso de agentes policiales a las oficinas de la Fiscalía, así como la detención de varios funcionarios.
En el mismo enlace, un coronel de la Policía explicó a los empleados que no estaban siendo aprehendidos, sino arrestados. Los agentes justificaron su intervención al señalar que se encontraban en una institución pública fuera de su horario habitual de funcionamiento y que la situación era irregular.
La detención de Mariaca ocurrió dos días después de que Estados Unidos anunciara la revocación de visas de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes señaló por presuntos actos de corrupción.
Entre los funcionarios mencionados por Washington figuró el fiscal general boliviano, a quien el Gobierno estadounidense acusó de poner en riesgo los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el narcoterrorismo y de socavar las instituciones democráticas de Bolivia.
Mariaca rechazó esos señalamientos y sostuvo que la decisión de Estados Unidos estaría relacionada con investigaciones del Ministerio Público boliviano, entre ellas los procesos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado de tentativa de feminicidio contra su expareja.
La controversia se intensificó la misma noche de la detención, luego de que se difundiera un video del operativo de arresto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien se refirió a Mariaca como su «amigo» durante la grabación.
El señalamiento cobró relevancia debido a las declaraciones de la periodista Amalia Pando, quien afirmó que el fiscal general se habría reunido con Marset diez días antes de su extradición a Estados Unidos.
Ante estas acusaciones, la Fiscalía General del Estado rechazó categóricamente la versión y aseguró que la supuesta reunión no ocurrió, al sostener que la información difundida por la periodista no corresponde a la verdad.
Los acontecimientos colocaron al Ministerio Público boliviano en el centro de una serie de controversias relacionadas con la actuación de sus principales autoridades, las acusaciones de Estados Unidos y los señalamientos sobre posibles vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset.
