El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó dos iniciativas para reforzar la vigilancia sobre la compra y venta de combustibles, sancionar las discrepancias volumétricas y detectar de manera preventiva a empresas que emitan facturas falsas.
Ciudad de México.— El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas encaminadas a fortalecer el combate al huachicol, la evasión fiscal y las operaciones con facturas falsas, mediante mayores controles sobre la comercialización de combustibles y las empresas que reciben recursos públicos.
Las propuestas forman parte del paquete anticorrupción que será presentado esta semana por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla modificaciones a 19 leyes y la creación de dos nuevas normas para fortalecer la vigilancia del gasto público y transparentar las contrataciones gubernamentales.
Una de las iniciativas plantea modificar disposiciones del Código Fiscal de la Federación, así como de diversas leyes relacionadas con el sector de hidrocarburos, con el propósito de que las autoridades hacendarias y energéticas intercambien información sobre posibles irregularidades en los volúmenes de combustible que compran y venden las estaciones de servicio.
La propuesta establece que dichas autoridades deberán notificarse, en un plazo máximo de 24 horas, cuando detecten posibles inconsistencias entre las cantidades de combustible adquiridas y comercializadas.
Ramírez Cuéllar explicó que, aunque la llamada “discrepancia volumétrica” ya está contemplada en la legislación, su persecución enfrenta dificultades debido a que actualmente el énfasis está puesto principalmente en la venta al consumidor del combustible presuntamente ilícito y no en la diferencia injustificada entre los volúmenes adquiridos y vendidos por una estación.
Por ello, planteó incorporar dos nuevos tipos penales para sancionar a los distribuidores que presenten una discrepancia volumétrica no justificada en sus centros de abastecimiento, independientemente de que hayan concretado o no la venta del combustible al consumidor.
La pena propuesta sería de seis a 12 años de prisión, además de una multa de entre 10 mil y 15 mil UMAs, equivalente aproximadamente a entre 1.1 y 1.7 millones de pesos, de acuerdo con los montos señalados en la iniciativa.
También se busca sancionar específicamente la comercialización de hidrocarburos en calles, carreteras, terrenos baldíos o lugares no autorizados, cuando no pueda acreditarse legalmente su procedencia, práctica conocida como “huachicol de barril”.
Para este delito se propone una pena de seis a 10 años de prisión y multas de entre seis mil y 10 mil UMAs, equivalentes a aproximadamente 700 mil y 1.1 millones de pesos.
Las sanciones aumentarían cuando el ilícito sea cometido mediante vehículos de transporte, contenedores o bidones, o cuando la venta se realice dentro de un radio de 500 metros de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La iniciativa también plantea establecer un plazo máximo de 48 horas para que un juez determine la procedencia del aseguramiento de bienes relacionados con el robo de hidrocarburos. El mismo periodo aplicaría para que las autoridades presenten una querella una vez confirmada técnicamente una discrepancia volumétrica.
Buscan frenar a las empresas factureras
La segunda propuesta de Ramírez Cuéllar plantea cambiar el enfoque de las autoridades frente a las llamadas empresas factureras, para privilegiar la prevención y detectar irregularidades antes de que puedan ocasionar daños al erario.
El proyecto contempla que la autoridad tributaria pueda restringir temporalmente la emisión de comprobantes fiscales a empresas que, durante los últimos tres ejercicios, hayan expedido facturas por montos que no correspondan con su capacidad económica o que hayan incumplido diversas obligaciones fiscales, entre ellas el pago del IVA.
Asimismo, se pretende reforzar la revisión de los proveedores del gobierno para comprobar que realmente cuentan con la capacidad técnica y económica necesaria para cumplir los contratos que suscriben.
Las empresas también tendrían que acreditar que existe correspondencia entre su objeto social y sus actividades económicas, además de conservar una opinión positiva sobre sus capacidades durante todo el periodo en que presten los servicios contratados, y no únicamente al inicio.
La intención, explicó el legislador, es impedir que compañías con irregularidades fiscales continúen recibiendo recursos públicos después de que hayan sido identificadas.
La propuesta también contempla establecer responsabilidades para servidores públicos y dirigentes sindicales que autoricen o suscriban pagos respaldados por comprobantes fiscales relacionados con operaciones inexistentes, simuladas o falsas.
De igual manera, se busca fortalecer las obligaciones de transparencia y comprobación de los sindicatos respecto de sus ingresos, cuotas, aportaciones, donativos y gastos.
Los cambios también alcanzarían a estados, municipios, órganos autónomos, organismos públicos descentralizados, sindicatos y otros entes públicos, con la intención de establecer consecuencias fiscales cuando participen en operaciones respaldadas por comprobantes de operaciones inexistentes o simuladas.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el objetivo es construir un sistema de prevención y control que permita detectar los riesgos antes de que se concrete un daño a las finanzas públicas.
El diputado morenista advirtió finalmente que el país enfrenta una red de complicidades integrada, según su señalamiento, por políticos, criminales, empresarios, gremios y servidores públicos, a la que responsabilizó de actividades como el huachicol fiscal, la facturación falsa, la extorsión y el cobro de piso.
Consideró que estas prácticas representan una amenaza para la estabilidad y la integridad del Estado mexicano, por lo que, afirmó, se requieren controles más estrictos para identificar a los responsables y evitar que continúen operando con recursos públicos.
