La estrategia busca garantizar el acceso a una identificación oficial y, en los casos de prisión preventiva sin sentencia condenatoria, preservar la posibilidad de ejercer el derecho al voto.
TABASCO.- Las personas privadas de la libertad que no cuenten con una Credencial para Votar vigente podrán realizar el trámite ante el Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de una estrategia que será implementada en los centros penitenciarios de todo el país, incluidos los 10 penales ubicados en Tabasco.
La vocal del Registro Federal de Electores, Laura Elena Pérez Rivera, explicó que esta medida tiene como antecedente una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 21 de febrero de 2024, mediante la cual se ordenó al INE establecer mecanismos para que las personas en prisión preventiva pudieran obtener una Credencial para Votar como documento de identificación.
Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, el Consejo General del INE aprobó los Lineamientos para la credencialización de personas privadas de libertad, que establecen las bases para facilitar el acceso a este documento.
Pérez Rivera informó que durante las próximas semanas se pondrá en marcha una “Estrategia de Información para Personas Privadas de Libertad”, dirigida a quienes no cuentan con una credencial vigente y que busca proporcionar información sobre los requisitos y procedimientos para realizar el trámite, tomando en cuenta las condiciones particulares de quienes permanecen en centros de reclusión.
Diferenciarán situación jurídica
Uno de los aspectos centrales de la estrategia será explicar el uso que tendrá la credencial dependiendo de la situación jurídica de cada persona.
Quienes se encuentren en prisión preventiva y no hayan recibido una sentencia condenatoria podrán obtener la Credencial para Votar como medio de identificación y, si así lo deciden, utilizarla para ejercer su derecho al voto.
En tanto, las personas que ya cumplen una sentencia privativa de libertad podrán solicitar el documento exclusivamente como identificación oficial.
El INE precisó que las actividades de credencialización deberán desarrollarse bajo las medidas de seguridad y protección necesarias tanto para el personal que ingrese a los centros penitenciarios como para los equipos empleados durante los trabajos.
Informarán también a familiares y abogados
La estrategia no estará dirigida exclusivamente a las personas privadas de la libertad. También contempla proporcionar información a familiares, personas de confianza, representantes legales, defensorías públicas, colegios y asociaciones de abogados, así como organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
El propósito es que estos sectores conozcan los requisitos y puedan brindar acompañamiento a las personas privadas de la libertad durante el proceso de credencialización.
De acuerdo con el esquema previsto, cuando se cumplan las condiciones requeridas, un familiar, persona de confianza o representante legal podrá apoyar en la presentación de la solicitud ante el INE. Posteriormente, un Módulo de Atención Ciudadana podrá trasladarse al centro donde se encuentre la persona para efectuar el trámite y regresar posteriormente para realizar la entrega de la credencial.
Difusión llegará a los centros penitenciarios
Para mantener informada a la población objetivo, el INE contempla una campaña permanente mediante carteles, folletos, sesiones de concertación y sensibilización, perifoneo y redes sociales.
Los materiales podrán distribuirse en centros penitenciarios, juzgados, salas de recepción de visitas, defensorías públicas, colegios y asociaciones de abogados, además de otros espacios relacionados con la atención de personas privadas de la libertad.
También se contempla utilizar los sistemas de altavoces de los centros de reclusión, cuando estén disponibles, y realizar perifoneo en el exterior durante los días de visita, con la finalidad de que familiares y amistades conozcan los procedimientos y ayuden a difundir la información.
La estrategia considera además a las personas privadas de la libertad que hablan alguna lengua indígena, para lo cual se prevé la traducción de materiales y, cuando sea necesario, la elaboración de mensajes de perifoneo en sus lenguas maternas, con apoyo de instituciones especializadas.
Con esta medida, el INE busca reducir las barreras de acceso a la credencialización para las personas privadas de la libertad y facilitar que cuenten con una identificación oficial vigente, además de garantizar, en los casos que correspondan, las condiciones para el ejercicio de su derecho al voto.
