Un tribunal federal de apelaciones ordenó detener la construcción del salón de baile de 600 millones de dólares que impulsa Donald Trump en la Casa Blanca, al determinar que el proyecto carece de autorización del Congreso. El presidente anunció que llevará el caso ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
Washington, D.C. — Un tribunal federal de apelaciones ordenó a la administración del presidente Donald Trump detener la construcción del monumental salón de baile proyectado en el ala este de la Casa Blanca, al considerar que la obra carece de la autorización del Congreso de Estados Unidos.
El fallo, emitido este viernes por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, representa un nuevo revés judicial para el mandatario, quien impulsa el proyecto valuado en alrededor de 600 millones de dólares y con una superficie aproximada de 8 mil 400 metros cuadrados.
Los magistrados cuestionaron que el Ejecutivo pretenda modificar uno de los edificios históricos más importantes de Estados Unidos sin contar con autorización legislativa. En su resolución, recordaron que el presidente es un “inquilino temporal” de la Casa Blanca y no su propietario, por lo que no puede disponer unilateralmente de modificaciones sustanciales al inmueble.
El tribunal rechazó además el argumento de la administración Trump de que el proyecto se encuentra dentro de las facultades presidenciales. Los jueces determinaron que no existe una ley que otorgue al presidente una autoridad semejante para realizar una intervención de estas características.
Trump anuncia apelación ante la Corte Suprema
Tras conocerse la decisión, Trump reaccionó a través de su red social Truth Social, donde calificó el fallo como una “injusta decisión” y anunció que su administración presentará una apelación inmediata ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El presidente ha defendido el proyecto al asegurar que la construcción no representa un costo para los contribuyentes, debido a que sería financiada mediante capital privado.
Trump también ha sostenido que el inmueble no sería únicamente un espacio para actos oficiales y recepciones, sino que incorporaría instalaciones relacionadas con la seguridad nacional. Entre ellas ha mencionado refugios antibombas, instalaciones militares de alto secreto y otras medidas de protección.
La administración sostiene que estas características convierten al proyecto en una infraestructura estratégica para la seguridad del gobierno estadounidense.
Demanda por protección del patrimonio histórico
La resolución judicial se deriva de una demanda promovida por el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, organización que cuestionó la legalidad de las obras y advirtió sobre el impacto que podrían tener en el conjunto arquitectónico de la Casa Blanca.
El tribunal determinó que los argumentos presentados por el Ejecutivo no eran suficientes para acreditar que el presidente tuviera facultades para ordenar por sí mismo una transformación de esta magnitud.
El caso ya había generado controversia judicial. En abril, jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. habían dejado temporalmente en suspenso una orden previa que buscaba detener las obras, mientras analizaban los argumentos de ambas partes.
Ahora, con la nueva resolución, la construcción queda nuevamente paralizada, mientras la administración Trump prepara su siguiente batalla legal ante la Suprema Corte.
El proyecto del salón de baile se ha convertido así en uno de los principales conflictos entre la Casa Blanca y las organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio histórico estadounidense, además de abrir un debate sobre los límites de la autoridad presidencial para modificar edificios de propiedad federal sin intervención del Congreso.
