Ciudad de México. El gobierno federal canceló el proyecto inmobiliario que la empresa Cantiles de Mita pretendía desarrollar en Playa Las Cocinas, en Punta Mita, Nayarit, al revocar la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) debido a incumplimientos ambientales y la ejecución de obras no autorizadas en un área considerada crítica para la anidación de tortugas marinas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la decisión se tomó tras acreditar que la empresa incumplió las condiciones de la concesión al realizar obras e instalaciones al margen de la legislación ambiental vigente.
Con esta resolución, la dependencia federal también determinó replantear el destino del sitio mediante una nueva estrategia enfocada en atender los daños ambientales detectados, fortalecer la protección de los ecosistemas costeros y garantizar el libre tránsito por la playa.
El desarrollo turístico denominado “Montage”, impulsado por la empresa Cantiles de Mita, del Grupo Dine, contemplaba la construcción de un complejo de lujo sobre una superficie de 209 mil metros cuadrados, con 145 habitaciones de hotel, más de 60 residencias exclusivas, spas y restaurantes, cuya apertura estaba prevista para 2027.
La zona donde se proyectaba la obra es considerada un hábitat de alta importancia para la anidación de las tortugas marinas laúd, golfina y carey, especies protegidas cuya conservación fue uno de los principales argumentos para detener el desarrollo.
La cancelación convierte al proyecto en el segundo megaproyecto turístico rechazado por la actual administración federal en los últimos dos meses. En mayo pasado, la Semarnat también negó la autorización ambiental al desarrollo Perfect Day, promovido por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.
Desde abril, habitantes de las comunidades de Punta de Mita y Emiliano Zapata, junto con organizaciones ambientalistas, encabezaron una serie de manifestaciones contra el proyecto, al considerar que representaba un intento de privatizar Playa Las Cocinas, una de las últimas playas públicas y de libre acceso en la región, además del impacto ecológico que implicaría.
Las protestas derivaron en denuncias por presuntas detenciones arbitrarias y actos de represión por parte de elementos de la policía estatal. Asimismo, los pobladores señalaron que la empresa no retiró las obras iniciadas ni respetó la franja de 20 metros tierra adentro establecida por la legislación para proteger la zona federal marítimo-terrestre.
Como parte del proceso que llevó a la revocación de la concesión, la Semarnat sostuvo mesas de diálogo con habitantes de la comunidad y autoridades locales, cuyas propuestas fueron integradas al análisis técnico para definir una alternativa que armonice la protección ambiental, la seguridad de la zona y el interés público.
La dependencia indicó que actualmente se evalúa el procedimiento de restauración ambiental más adecuado para recuperar el sitio, el cual incluirá la rehabilitación de la vegetación costera y la implementación de un programa integral basado en soluciones naturales, con el objetivo de restablecer las condiciones ecológicas del área y asegurar el acceso libre a la playa para la población.
