La Paz, Bolivia.- Un nuevo libro sobre los casos de abuso sexual cometidos por integrantes de la Compañía de Jesús en Bolivia señala que las máximas autoridades de la orden religiosa en Roma conocían desde hace décadas las denuncias de violencia sexual contra menores y, presuntamente, ordenaron mantener en reserva documentación relacionada con los hechos.
La investigación, titulada “Las puertas del infierno”, fue escrita por Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, representantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), y se basa en documentos, correos electrónicos y cartas internas incautadas por el Ministerio Público de Bolivia durante las investigaciones sobre los casos de pederastia en el país.
De acuerdo con la publicación, difundida por el diario Opinión, los expedientes involucran a altos dirigentes de la Compañía de Jesús, entre ellos el actual prepósito general, Arturo Sosa Abascal, y su antecesor, Peter Hans Kolvenbach, quienes habrían tenido conocimiento de diversas denuncias sin promover acciones judiciales contra los presuntos responsables.
Documentos apuntan a decisiones tomadas desde Roma
Según el libro, los antecedentes se remontan a 1992, cuando Kolvenbach habría autorizado que el sacerdote Luis Tó, condenado por violación en España, permaneciera en Bolivia.
Asimismo, los autores sostienen que en 1999 el entonces superior general recibió informes del exprovincial Ramón Alaix sobre presuntos abusos cometidos por el sacerdote Francisco Flores contra un joven. Sin embargo, en lugar de ordenar que el caso fuera denunciado ante las autoridades civiles, habría respondido con una carta en la que recomendaba atención psicológica para el implicado.
La investigación también señala que, desde 2016, el actual superior general, Arturo Sosa Abascal, fue informado de la investigación interna contra el sacerdote jesuita Luis María Roma Padrosa, conocido como Lucho Roma, acusado de abusar sexualmente de más de 70 niñas indígenas guaraníes en la región de Charagua.
De acuerdo con los documentos citados, el religioso registraba los abusos en diarios personales, fotografías y videos. En un correo electrónico fechado en febrero de 2020, el asesor regional Claudio Paul habría instruido al entonces provincial de Bolivia, Ignacio Suñol, a conservar los manuscritos del sacerdote como “información clasificada”, además de avanzar en acciones de reparación para las víctimas y preparar la difusión pública del caso.
Señalan presunto encubrimiento
Los autores del libro sostienen que, pese a contar con información sobre los hechos, la Compañía de Jesús en Bolivia únicamente resguardó los documentos atribuidos a Lucho Roma y no presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes.
La obra también afirma que Arturo Sosa conoce otros casos denunciados por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes y que ha mantenido un “silencio encubridor” frente a las acusaciones.
Por su parte, la Fiscalía General de Bolivia mantiene bajo resguardo los documentos originales que forman parte de las investigaciones y que, según los autores, respaldan las denuncias contenidas en el libro.
Hasta el momento, la Compañía de Jesús no ha emitido un pronunciamiento público específico sobre las nuevas acusaciones expuestas en la publicación. Las investigaciones judiciales relacionadas con los casos de abuso sexual continúan en Bolivia.
