Villahermosa, Tabasco. El Gobierno del Estado de Tabasco informó que las acciones emprendidas para el resguardo del inmueble conocido como Gimnasio La Choca, donde actualmente opera el parque gastronómico “La Antojería Food Park”, se realizan en estricto apego al marco legal y en ejercicio de las facultades que le corresponden como legítimo propietario del predio.
A través de un comunicado oficial, la administración estatal precisó que el inmueble forma parte del patrimonio del Estado desde 1978 y que su enajenación fue autorizada por el Congreso del Estado mediante el Decreto 259, publicado en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con la información difundida, en cumplimiento de dicho decreto la Secretaría de Administración y Finanzas llevó a cabo un procedimiento de licitación pública que calificó como transparente, abierto y conforme a la legislación vigente.

El Gobierno estatal aclaró que los espacios comerciales instalados en el predio fueron ocupados mediante un permiso de uso temporal que actualmente se encuentra vencido y que, por su naturaleza jurídica, nunca otorgó derechos de propiedad, posesión o permanencia sobre el inmueble.
En ese sentido, sostuvo que el Estado cuenta con las facultades legales para recuperar este bien público y que las acciones implementadas tienen como finalidad restituir la legalidad sobre el predio y dar cumplimiento a las determinaciones emitidas por las autoridades competentes.

Respecto a los empresarios que realizaron inversiones y desarrollaron actividades comerciales en el lugar, la administración estatal señaló que la responsabilidad jurídica recae en quienes, sin ser propietarios ni contar con facultades legales, celebraron acuerdos y obtuvieron beneficios económicos mediante el uso de un inmueble perteneciente al Estado.
Finalmente, el Gobierno de Tabasco reiteró su compromiso con el Estado de Derecho, la protección del patrimonio público, la transparencia en el ejercicio de la administración pública y el respeto a los derechos de todas las personas, asegurando que privilegiará el diálogo institucional y el cumplimiento de la ley durante este proceso.


