TABASCO.- La aplicación de sentencias condenatorias contra responsables de feminicidio refleja el fortalecimiento de las acciones institucionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en Tabasco, donde las autoridades han señalado que estos delitos son investigados y sancionados con rigor, bajo criterios de perspectiva de género y respeto al debido proceso.
Uno de los casos más recientes corresponde a la sentencia de 60 años de prisión impuesta a Esmelin “N”, declarado responsable del feminicidio de una mujer ocurrido en junio de 2018 en el municipio de Macuspana.
De acuerdo con las investigaciones, el responsable permaneció prófugo durante tres años hasta ser localizado y detenido por las autoridades. Tras el desarrollo del juicio oral y la valoración de las pruebas presentadas, el órgano jurisdiccional determinó imponer la pena máxima prevista por la ley, además del pago de una multa equivalente a mil días, indemnización, gastos funerarios y la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas.
La sentencia fue emitida el pasado lunes, consolidando un proceso judicial que, según las autoridades, se llevó a cabo con apego al principio de legalidad, el respeto a los derechos humanos de las partes involucradas y la garantía de una justicia efectiva para la víctima y sus familiares.
Otro caso emblemático es el feminicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2015 en el Parque La Pólvora, en Villahermosa, donde tras varios años de permanecer evadiendo a la justicia, Osmar “N”, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, fue detenido y llevado ante los tribunales.
Luego de acreditarse su responsabilidad penal, recibió una sentencia de 50 años de prisión, además de una multa de mil días equivalente a 70 mil 100 pesos y la reparación del daño por más de 436 mil pesos, resolución que posteriormente fue ratificada por una sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia.
Estos fallos judiciales representan un precedente en la lucha contra la violencia feminicida en la entidad y evidencian la coordinación entre las instituciones responsables de la investigación, procuración e impartición de justicia, con el objetivo de que los delitos contra las mujeres no queden impunes y las víctimas y sus familias tengan acceso a la verdad, la reparación del daño y la justicia.
