MÉXICO.- El medicamento Tramadol, utilizado para el tratamiento del dolor moderado a intenso, será considerado oficialmente como una sustancia controlada en México a partir del próximo 14 de julio, tras la entrada en vigor de una reforma a la Ley General de Salud que establece nuevas reglas para su prescripción y comercialización.
El Tramadol pertenece al grupo de los opioides y actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Aunque se emplea con fines terapéuticos bajo indicación médica, se ha identificado que su consumo, incluso siguiendo las dosis recomendadas, puede generar dependencia y adicción.
Esta preocupación fue señalada desde 2014 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), organismo que determinó clasificarlo como un medicamento controlado debido a su potencial de abuso y dependencia.
En México, la reforma publicada el pasado 15 de enero incorporó al Tramadol dentro de la fracción III del artículo 226 de la Ley General de Salud, apartado que agrupa sustancias con valor terapéutico, pero que representan un problema grave para la salud pública debido a los riesgos asociados con su uso.
Con la nueva regulación, los laboratorios farmacéuticos deberán actualizar sus registros sanitarios para reflejar su nueva clasificación, mientras que su venta únicamente podrá realizarse en farmacias que cuenten con autorización para el manejo de medicamentos controlados.
Además, la adquisición del Tramadol requerirá receta médica, la cual podrá surtirse hasta en tres ocasiones. Cada vez que se utilice, el establecimiento farmacéutico deberá sellarla y registrarla en los libros de control correspondientes, y en la tercera dispensación la receta deberá ser retenida por la farmacia.
Actualmente, este analgésico se comercializa en diferentes presentaciones genéricas y de patente, incluyendo cajas de 100 miligramos con 10 tabletas, cuyos precios pueden variar aproximadamente entre 100 y hasta 700 pesos, dependiendo de la marca y el establecimiento.
Las autoridades sanitarias buscan con esta medida fortalecer el control del medicamento, garantizar su uso adecuado bajo supervisión médica y reducir los riesgos de dependencia asociados a los analgésicos opioides.
