Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejercitó acción penal contra seis personas por su presunta participación en el delito de simulación de secuestro, entre ellas la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien el pasado 1 de junio denunció haber sido privada de su libertad.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el supuesto secuestro habría sido planeado con el objetivo de exigir un rescate de 40 millones de pesos que, presuntamente, serían obtenidos de recursos del ayuntamiento para justificar un faltante de dinero en la administración municipal.
La indagatoria señala que, además de la presidenta municipal, en la planeación del hecho habrían participado su esposo José Roberto “N”, su cuñado Óscar “N”, así como otros particulares identificados como Christian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes ya se encuentran detenidos.
Nancy Nápoles Pacheco, quien anteriormente se desempeñó como diputada local por Morena y actualmente es presidenta del Consejo Estatal de ese partido en el Estado de México, denunció ante la Fiscalía que el 31 de mayo fue interceptada al llegar a su domicilio por dos hombres y una mujer que viajaban en un vehículo rojo, quienes presuntamente la obligaron a abordar la unidad.
Según su declaración inicial, sus captores le entregaron un teléfono celular para que llamara a sus familiares y les informara que se encontraba secuestrada, mientras exigían el pago de 40 millones de pesos a cambio de su liberación. También aseguró que logró escapar tras un descuido de sus supuestos captores y pedir auxilio en una vivienda cercana.
Sin embargo, el análisis de videos de vigilancia permitió a las autoridades determinar que no existieron indicios de violencia física durante el momento en que la alcaldesa abordó el vehículo señalado. De acuerdo con la Fiscalía, en las imágenes se observa que uno de los participantes incluso le ayuda a descender de su automóvil y trasladarse al vehículo rojo, sin que existiera resistencia aparente.
Las investigaciones permitieron identificar que el automóvil Volkswagen Virtus utilizado en los hechos era empleado habitualmente por Karla Valeria “N”, quien presuntamente participó junto con su hermano Víctor Manuel “N” y su pareja sentimental Christian “N”. Los tres fueron detenidos el pasado 11 de junio en el estado de Oaxaca, luego de que presuntamente huyeron tras los hechos.
La Fiscalía también indicó que las pesquisas establecieron que desde febrero pasado el esposo y el cuñado de la alcaldesa comenzaron a organizar un falso secuestro, con la intención de solicitar un rescate de 40 millones de pesos provenientes del presupuesto municipal.
Uno de los testimonios obtenidos por el Ministerio Público señala que los implicados pretendían utilizar el supuesto pago del rescate para justificar un presunto desfalco en las arcas del ayuntamiento.
Según la carpeta de investigación, el cuñado de la edil habría ofrecido 500 mil pesos a Christian “N” por participar en la simulación, quien posteriormente involucró a otros colaboradores. Las autoridades detectaron además al menos 135 llamadas telefónicas entre los participantes entre abril y junio, lo que fortaleció la hipótesis de una planificación previa.
La Fiscalía concluyó que el 31 de mayo los seis involucrados habrían concretado la simulación del secuestro. De acuerdo con las investigaciones, la alcaldesa fue trasladada a la comunidad de San Pedro Zictepec, en un municipio vecino, donde posteriormente fue liberada debido a la intensa movilización policiaca generada por su búsqueda y porque el plan presuntamente se salió de control.
La audiencia de formulación de imputación contra Nancy Nápoles Pacheco fue programada para el próximo 9 de julio, fecha en la que un juez determinará la situación jurídica de la alcaldesa y resolverá si enfrenta el proceso bajo prisión preventiva o en libertad.
La FGJEM destacó que las investigaciones continúan y será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad penal de cada uno de los señalados conforme al debido proceso.
