TABASCO.- Las personas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género no están impedidas para participar en el proceso electoral intermedio de 2027, afirmó el secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Jorge Alberto Zavala Frías.
El funcionario electoral explicó que quienes han sido incluidos en este padrón deben cumplir con el periodo de permanencia determinado por las resoluciones o sentencias firmes emitidas por las autoridades competentes, pero ello no representa, por sí mismo, una restricción automática para contender en futuras elecciones.
Entre las personas que figuran en dicho registro se encuentran el exalcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, así como el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, quienes fueron sancionados por violencia política en razón de género.
Zavala Frías recordó que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género es un instrumento público que concentra a quienes han recibido sanciones firmes por incurrir en este tipo de conductas. Su propósito es dar cumplimiento a las sentencias, visibilizar a los agresores, prevenir la reincidencia y garantizar el principio de no repetición.
De acuerdo con cifras del propio registro, actualmente existen 452 personas sancionadas a nivel nacional, de las cuales 26 corresponden a Tabasco, entidad que ocupa el cuarto lugar del país en número de casos registrados.
Por otra parte, la consejera presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, informó que el organismo electoral gestiona una ampliación presupuestal por 84 millones de pesos para iniciar los preparativos del proceso electoral de 2027.
La titular del órgano electoral indicó que en una próxima reunión con la Secretaría de Administración y Finanzas del estado se presentará la solicitud de recursos, la cual se sumará a una ampliación previamente requerida para cubrir necesidades administrativas durante el presente ejercicio fiscal.
Nava Gutiérrez señaló que también aprovecharán el encuentro para plantear a las autoridades estatales las necesidades presupuestales que implicará la segunda etapa de la elección judicial programada para 2028.
Explicó que la organización electoral enfrentará una etapa de alta demanda operativa, ya que la conclusión del proceso electoral intermedio de 2027 coincidirá prácticamente con el inicio de los trabajos relacionados con la segunda fase de la elección judicial del año siguiente.
Ante este escenario, destacó la importancia de garantizar los recursos necesarios para que el instituto pueda cumplir de manera eficiente con las responsabilidades que le corresponden en ambos procesos electorales.
