TABASCO.- Tras un proceso judicial que derivó de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), un juez emitió una sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Isaí “N”, al ser encontrado penalmente responsable del delito de feminicidio ocurrido en noviembre de 2021 en la ciudad de Villahermosa.
La resolución judicial representa un avance en la procuración de justicia para las víctimas de violencia de género y sus familias, además de reforzar el mensaje de que los delitos cometidos contra las mujeres deben ser investigados y sancionados conforme a la ley.
De acuerdo con la FGET, las indagatorias desarrolladas por la institución permitieron reunir los elementos necesarios para obtener en su momento la orden de aprehensión contra el hoy sentenciado, dando seguimiento al caso hasta su conclusión en la etapa de juicio oral.
Durante la audiencia celebrada el pasado 4 de junio de 2026, las partes presentaron sus alegatos de clausura ante el Juez de Enjuiciamiento, quien, tras valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, emitió el fallo condenatorio en contra de Isaí “N”.
Además de la pena privativa de libertad de 40 años, la sentencia contempla la suspensión de sus derechos, una amonestación privada y el pago correspondiente por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.
La Fiscalía destacó que este resultado es producto del trabajo de investigación y litigación realizado por el personal especializado, en cumplimiento de su obligación institucional de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad en los casos de violencia feminicida.
Organismos defensores de los derechos de las mujeres han señalado que las sentencias condenatorias en casos de feminicidio representan una herramienta fundamental para fortalecer la confianza de las víctimas en las instituciones, así como para visibilizar la gravedad de la violencia de género y la necesidad de continuar impulsando acciones de prevención, atención y sanción.
Con este fallo, las autoridades judiciales y ministeriales refrendan el compromiso de actuar con firmeza ante los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres, buscando garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
