Ciudad de México.- En un nuevo golpe contra presuntas redes de corrupción que operaron durante administraciones federales pasadas, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Antonio Molina Díaz, exfuncionario señalado por su probable participación en un esquema de desvío de recursos públicos que habría causado un daño superior a los cinco mil millones de pesos al sistema penitenciario federal.
La captura representa un avance en una de las investigaciones más relevantes relacionadas con la presunta red de corrupción atribuida al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta diversos procesos judiciales por actos de corrupción y vínculos con actividades ilícitas.
De acuerdo con información del Ministerio Público Federal, Molina Díaz se desempeñó como Coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018 y participó en la suscripción de contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalan que el exfuncionario habría formado parte de un grupo que utilizó contratos presuntamente simulados y empresas fachada para desviar recursos destinados al sistema de prevención y readaptación social.
Más allá de las cifras, el caso pone nuevamente sobre la mesa el impacto social de la corrupción en áreas estratégicas del Estado. Los recursos presuntamente desviados estaban destinados al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, la seguridad y los programas de reinserción social, servicios que afectan de manera directa a miles de personas privadas de la libertad, sus familias y la seguridad pública del país.
La detención se realizó en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México. Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos mil 500 dólares, 36 mil 590 pesos en efectivo, teléfonos celulares y diversas identificaciones presuntamente apócrifas con distintos nombres.
La FGR informó que Molina Díaz contaba con una orden de aprehensión por su posible responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Especialistas en transparencia y combate a la corrupción han señalado que casos como este evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en la contratación pública y garantizar que los recursos destinados a servicios esenciales lleguen efectivamente a la población.
La investigación continúa y las autoridades federales no descartan nuevas acciones contra otros presuntos involucrados en una trama que, de confirmarse judicialmente, habría representado uno de los mayores desfalcos registrados en el sistema penitenciario mexicano.
