MÉXICO.- Una investigación periodística del Puente News Collaborative y el diario estadounidense Los Angeles Times reveló que el gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas indagatorias criminales contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.
De acuerdo con los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum, Alfonso Durazo, actual mandatario sonorense y exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sería uno de los funcionarios de más alto perfil bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses.
La publicación señala que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que actualmente es investigado por supuestas conexiones con organizaciones criminales. Sin embargo, fuentes citadas por los periodistas afirmaron que el gobernador continúa ingresando regularmente a territorio estadounidense para recibir atención médica mediante un mecanismo especial conocido como Significant Public Benefit Parole.
Según el reportaje, este programa permite el ingreso temporal de personas extranjeras que colaboran con investigaciones de seguridad pública en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de rendir testimonio ante un gran jurado. La oficina del gobernador de Sonora no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por los medios.
Los reporteros explican que un gran jurado en Estados Unidos tiene la facultad de evaluar pruebas presentadas por fiscales federales y determinar si existen elementos suficientes para formular acusaciones formales. En ese contexto, recordaron que un gran jurado en Nueva York habría emitido una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que derivó en una solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses.
Asimismo, la investigación sostiene que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, también enfrenta una pesquisa relacionada con operaciones de tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol. Fuentes consultadas por Fisher y Linthicum aseguraron que Villarreal cuenta igualmente con un permiso de ingreso bajo la figura de Significant Public Benefit Parole y que durante sus cruces a Estados Unidos suele ser acompañado por funcionarios de ese país.
Ante estas versiones, Villarreal rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró a los periodistas que los señalamientos en su contra son falsos.
El reportaje también aborda la postura del gobierno mexicano. Según los autores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha desestimado las investigaciones contra funcionarios mexicanos, calificándolas como campañas de difamación con motivaciones políticas dirigidas contra la actual administración federal.
De acuerdo con la publicación, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin, Sheinbaum habría señalado que cualquier proceso relacionado con funcionarios mexicanos debe resolverse dentro del marco legal nacional. Además, advirtió que nuevas acusaciones promovidas por autoridades estadounidenses contra gobernantes electos podrían interpretarse como una injerencia en los asuntos internos de México.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho públicas acusaciones formales contra Durazo o Villarreal, mientras que ambos gobernadores continúan desempeñando sus funciones al frente de sus respectivas entidades.
