TABASCO.- La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la obtención de diversas sentencias condenatorias por delitos de alto impacto cometidos en los municipios de Macuspana y Tacotalpa, como resultado de investigaciones ministeriales y procesos judiciales realizados conforme a derecho.
En uno de los casos, el Tribunal Unitario de la Región Judicial Nueve dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Luis “N”, Carlos “N” y José “N”, tras ser hallados penalmente responsables del delito de secuestro agravado.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en febrero de 2022 en el municipio de Macuspana, cuando la víctima se dirigía a su domicilio y fue privada ilegalmente de la libertad.
La Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión integró la carpeta de investigación y presentó los elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad de los acusados, lo que permitió obtener el fallo condenatorio.
Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial incluyó multa, reparación del daño de manera genérica y la suspensión de los derechos políticos de los sentenciados.
En otro proceso judicial, la FGET obtuvo sentencias condenatorias por el delito de pederastia en contra de José “N” y María “N”, por hechos ocurridos entre 2014 y 2017 en el municipio de Tacotalpa.
El Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a José “N” a 60 años de prisión, además del pago de multa y amonestación, mientras que María “N”, señalada como copartícipe, recibió una condena de 11 años y tres meses de prisión, así como multa y amonestación.
La autoridad judicial también condenó a ambos al pago de la reparación del daño en favor de una de las víctimas, así como a la reparación genérica correspondiente en relación con una segunda víctima.
La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de procuración de justicia para garantizar que todas las denuncias recibidas sean investigadas con apego a la legalidad y pleno respeto al debido proceso.
Asimismo, sostuvo que mantiene el compromiso de presentar ante los tribunales a quienes resulten responsables de delitos que afecten la integridad física, psicológica y sexual de las personas.
