AGENCIAS | Reporteros del Sur
Ciudad de México.- Por primera vez en la historia reciente del Poder Judicial de la Federación (PJF), un juez sancionado por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fue llevado a proceso penal por presuntos delitos contra la administración de justicia. Se trata de Juan Fernando Alvarado López, quien fue vinculado a proceso por supuestamente otorgar amparos de manera indebida al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La resolución judicial deriva de una investigación iniciada tras una queja presentada en abril de 2024 ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal. En febrero pasado, el TDJ —encabezado por la magistrada Celia Maya García— determinó inhabilitar por un año al juez Alvarado López por incurrir en “faltas graves” que afectaron la administración de justicia.
De acuerdo con el expediente, el juez emitió resoluciones que beneficiaron al ex mandatario tamaulipeco, señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las acciones atribuidas al juzgador se encuentra la concesión de suspensiones provisionales y definitivas que evitaron la ejecución de órdenes judiciales y frenaron procedimientos administrativos.
Fuentes judiciales indicaron que durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco determinó vincular a proceso a Alvarado López dentro de la causa penal 45/2026. No obstante, el imputado enfrentará el proceso en libertad.
El Ministerio Público Federal presentó pruebas que, según la autoridad judicial, fueron suficientes para presumir posibles irregularidades relacionadas con resoluciones emitidas por el juez federal en distintos casos de alto impacto político y judicial.
Entre las conductas señaladas destaca el presunto desacato a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar una suspensión para evitar la remoción de un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, además de frenar procedimientos administrativos en su contra.
Asimismo, se le atribuye haber concedido una suspensión al ex gobernador García Cabeza de Vaca contra una orden de aprehensión, lo que habría impedido la suspensión de sus derechos político-electorales y evitado que fuera considerado prófugo de la justicia.
