La residencia de lujo valuada en más de 51 millones de pesos pasará definitivamente a manos del Estado tras casi cinco años de litigio; la FGR sostiene que fue adquirida con recursos ilícitos ligados al escándalo de corrupción en Pemex.
La batalla legal por una de las propiedades más emblemáticas vinculadas al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, llegó a su fin. Luego de casi cinco años de litigio, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que un tribunal federal confirmara de manera definitiva la extinción de dominio de una residencia valuada en más de 51 millones de pesos, ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
La resolución representa uno de los golpes patrimoniales más importantes derivados de los casos de corrupción que marcaron la gestión de Lozoya al frente de Pemex entre 2012 y 2016, periodo en el que fue señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
El origen del caso
La residencia quedó bajo la lupa de las autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con la compra irregular de la planta de Agronitrogenados, propiedad del empresario Alonso Ancira, así como por los sobornos presuntamente entregados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios mexicanos.
De acuerdo con la FGR, las pruebas reunidas permitieron acreditar que el inmueble fue adquirido con dinero proveniente de actos ilícitos relacionados con la compra a sobreprecio de Agronitrogenados, una operación considerada por las autoridades como uno de los mayores actos de corrupción en Pemex.
La planta, que había sido catalogada como “chatarra” por especialistas y legisladores, fue adquirida durante la administración de Lozoya por una cifra millonaria, generando pérdidas considerables para la empresa productiva del Estado.
Una disputa judicial prolongada
El procedimiento de extinción de dominio comenzó formalmente en 2021, cuando la Fiscalía promovió la demanda para que el inmueble pasara a propiedad del Estado mexicano.
En una primera instancia, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio consideró improcedente la acción promovida por la FGR, decisión que obligó al Ministerio Público Federal a interponer recursos de apelación.
El caso avanzó hasta el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil y posteriormente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, que finalmente resolvió en favor de la Fiscalía y confirmó la legalidad de la extinción de dominio.
Con ello, Lozoya perdió definitivamente la posibilidad de recuperar la residencia.
El símbolo de una época
Más allá del valor económico del inmueble, el caso se convirtió en un símbolo del combate a la corrupción impulsado por las autoridades federales en los últimos años.
La residencia de Lomas de Bezares fue señalada desde el inicio como parte del entramado financiero mediante el cual se habrían ocultado recursos obtenidos ilegalmente a través de contratos públicos y sobornos internacionales.
El caso Lozoya también se convirtió en una de las investigaciones más mediáticas del país, debido a las acusaciones sobre una red de corrupción política y empresarial que habría operado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aunque el exdirector de Pemex colaboró inicialmente con las autoridades bajo el criterio de oportunidad, los procesos judiciales en su contra continúan abiertos.
Extinción de dominio: la herramienta del Estado
La figura de extinción de dominio permite al Estado recuperar bienes relacionados con delitos como corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, aun cuando no exista una sentencia penal definitiva.
En este caso, la FGR sostuvo que el inmueble estaba directamente vinculado con operaciones ilícitas derivadas de contratos irregulares celebrados en Pemex.
Especialistas consideran que la resolución podría convertirse en un precedente importante para futuros casos de corrupción de alto nivel, donde las autoridades busquen no sólo sanciones penales, sino también recuperar activos obtenidos de manera ilegal.
