CHINA.- El Ministerio de Comercio de China expresó este lunes su preocupación por la denominada Ley de Aceleración Industrial de la Unión Europea, conocida como el plan “Made in Europe”, al considerar que representa graves obstáculos para la inversión extranjera y podría afectar directamente a empresas chinas.

De acuerdo con Pekín, la legislación impone múltiples requisitos restrictivos en sectores estratégicos como baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica y materias primas críticas, áreas donde China mantiene una fuerte presencia en el mercado global.

Ante ello, el gobierno chino presentó formalmente sus observaciones ante la Comisión Europea, manifestando su inconformidad con las disposiciones previstas en la nueva normativa y advirtiendo que, de avanzar sin modificaciones, podría responder con medidas de represalia.

“Si la UE hace caso omiso de las observaciones de China y sigue adelante con la promulgación de la legislación, perjudicando los intereses de las empresas chinas, China adoptará contramedidas para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”, señaló un portavoz del Ministerio de Comercio.

En sus observaciones, el país asiático afirmó que la ley representa una forma de discriminación contra los inversionistas chinos, por lo que exigió la eliminación de los requisitos que considera discriminatorios para los capitales extranjeros, así como las disposiciones obligatorias relacionadas con propiedad intelectual, transferencia de tecnología y restricciones en contratación pública.

La propuesta legislativa fue presentada en marzo y todavía no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. Su principal objetivo es fortalecer la producción interna y aumentar la demanda de tecnologías bajas en carbono y productos fabricados dentro del bloque europeo.

Entre las medidas contempladas destaca la exigencia de que los vehículos eléctricos cuenten con al menos 70 por ciento de componentes fabricados en la Unión Europea. Asimismo, se plantea un mínimo de 25 por ciento de contenido europeo para aluminio y cemento.

La normativa también contempla limitaciones para inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros provenientes de países que concentran más del 40 por ciento de la producción global en sectores clave como baterías, paneles solares y energía nuclear, un criterio que, según analistas, impacta directamente a China.

No obstante, dichas inversiones podrían autorizarse si al menos el 50 por ciento de los trabajadores de la empresa son ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que en la práctica obligaría a una mayor participación de compañías europeas en los procesos de producción.

La postura de China refleja el creciente choque comercial entre ambas potencias económicas en medio de la competencia global por el control de industrias estratégicas vinculadas con la transición energética y la manufactura tecnológica.

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