TABASCO.- El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, Rafael Acosta León, presentó denuncias ante la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales del estado en contra de diversos servidores públicos, por la presunta utilización de recursos públicos, humanos y materiales para la realización de actos anticipados de campaña.
Acompañado por el representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, José Manuel Rodríguez Nataren, el dirigente partidista acudió a dicha instancia para entregar la documentación que sustenta las acusaciones.
Las denuncias fueron interpuestas en contra del alcalde de Jalpa, José Olán; el director de Finanzas de Macuspana, Juan Diego Hernández Arias; y la subsecretaria de Salud estatal, Fabiola Peralta Castro.
De acuerdo con Acosta León, existen elementos como audios y promoción anticipada que evidenciarían el uso indebido de recursos públicos para posicionar aspiraciones políticas. Señaló que en uno de los casos, el edil de Jalpa habría solicitado abiertamente respaldo para una aspirante, mientras que otro funcionario habría promovido su intención de contender por una alcaldía.
El dirigente perredista subrayó la necesidad de que se respete la legalidad y el estado de derecho, al advertir que este tipo de conductas generan condiciones de desigualdad en los procesos electorales.
“Se deben hacer las cosas conforme a la ley. Quienes ocupan cargos públicos deben evitar incurrir en irregularidades que afecten la equidad en las contiendas”, expresó.
Asimismo, indicó que la presentación de estas denuncias busca que las autoridades competentes investiguen y, en su caso, sancionen cualquier conducta fuera del marco legal, con el fin de garantizar condiciones justas en el próximo proceso electoral.
Acosta León fue atendido por el fiscal Armando Rodríguez, quien señaló que todas las denuncias recibidas serán analizadas y se les dará el trámite correspondiente conforme a derecho.
Finalmente, el dirigente del PRD reiteró su confianza en las instituciones para que las investigaciones se desarrollen de manera imparcial y conforme a la ley, privilegiando la vía institucional para la resolución de este tipo de controversias.
