San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.– En vísperas del Día Internacional de la Mujer, dos mujeres sobrevivientes del intento de feminicidio y violación ocurrido en la montaña de Don Lauro informaron que los responsables del ataque ya fueron sentenciados, aunque advirtieron que el fallo judicial aún no es definitivo y puede ser impugnado.
De acuerdo con las víctimas, Julio Esteban N fue condenado a 42 años y cuatro meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio, mientras que Samuel N recibió una pena de 56 años y ocho meses por tentativa de violación y tentativa de feminicidio.
Acompañadas por su abogada, Martha Figueroa, las sobrevivientes recordaron que el ataque ocurrió el 25 de febrero de 2023, cuando realizaban senderismo en la montaña de Don Lauro, al sur de San Cristóbal de las Casas, junto a una amiga de nacionalidad alemana, quien también fue víctima de la agresión.
Durante una conferencia, las mujeres subrayaron que no solo sobrevivieron al intento de feminicidio y violación, sino también a un proceso posterior marcado —según denunciaron— por revictimización, cuestionamientos y silencio institucional.
“Sobrevivimos a lo que pasó ese día, pero también a la duda, al señalamiento y a un proceso judicial que nos obligó a revivir lo sucedido una y otra vez”, expresaron.
Asimismo, señalaron que durante la investigación enfrentaron apatía por parte de la fiscalía, la cual inicialmente se negó a profundizar en el caso argumentando la falta de cámaras de vigilancia en el lugar e incluso cuestionando el motivo de la denuncia al considerar que las víctimas “estaban vivas”.
Las sobrevivientes también denunciaron que, durante los tres años que duró el proceso, recibieron propuestas para modificar sus declaraciones, lo que —aseguraron— habría permitido que los agresores quedaran en libertad.
La sentencia fue dictada por la jueza Jenny Guadalupe Espinosa Trejo, y para las víctimas representa un paso importante en su búsqueda de justicia.
“Este fallo manda un mensaje claro: que la violencia feminicida y sexual debe juzgarse con perspectiva de género y no puede quedar impune”, señalaron.
Por su parte, la abogada Martha Figueroa destacó que, aunque la lucha feminista ha impulsado la creación de instituciones para proteger a las mujeres, aún existen retos estructurales importantes en México.
Entre ellos mencionó el problema del embarazo infantil y las muertes relacionadas con el parto. Según cifras citadas por la defensora, en 2024 el sector salud registró cerca de cuatro mil muertes de mujeres derivadas de parto o puerperio, de las cuales 350 correspondían a menores de 18 años y 164 a niñas.
Figueroa calificó estas cifras como “feminicidios estructurales”, al considerar que muchas niñas y adolescentes continúan enfrentando barreras y maltrato en los servicios de salud.
La abogada también denunció que en el sistema judicial persisten desigualdades laborales, ya que —afirmó— muchas mujeres que trabajan en los tribunales asumen una carga laboral mayor con salarios inferiores.
“Ellas hacen el trabajo de cuatro abogadas por el salario de la mitad de una”, concluyó.
