CHIAPAS.- Luego de la publicación realizada por el periódico El Universal sobre la existencia de una presunta “narco nómina” que habría salido a la luz tras la detención y abatimiento de un sujeto identificado como “El Mecho”, en la que se mencionan supuestos pagos a elementos conocidos como “Pakales” en el estado, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció el inicio inmediato de una investigación formal para esclarecer los señalamientos.
Por instrucciones del mandatario estatal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Ana Laura Romero Basurto, abrió una carpeta de investigación con el objetivo de realizar una indagatoria exhaustiva, técnica y con apego irrestricto a la legalidad. Autoridades estatales informaron que el proceso se desarrollará garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas.
El Ejecutivo estatal subrayó que cualquier señalamiento relacionado con el manejo de recursos públicos o posibles vínculos indebidos con estructuras delictivas debe atenderse con absoluta seriedad institucional. En ese sentido, se precisó que la investigación no se limitará únicamente a la revisión documental, sino que incluirá el análisis de posibles responsabilidades administrativas y, en caso necesario, la canalización del expediente a instancias competentes en materia penal.
Las autoridades enfatizaron que el combate a la corrupción y la rendición de cuentas forman parte de la política gubernamental denominada Nueva ERA, sustentada en los principios de Cero Corrupción y Cero Impunidad. Bajo esta premisa, reiteraron que no habrá distinciones ni encubrimientos si se acreditan responsabilidades, y que se aplicará la ley conforme a los resultados que arrojen las investigaciones.
El gobierno estatal también llamó a actuar con prudencia ante información de alto impacto público, evitando juicios anticipados sin restar gravedad a los hechos señalados. La apertura de la carpeta de investigación —indicaron— busca enviar un mensaje claro sobre la disposición institucional de transparentar cualquier duda y fortalecer la confianza ciudadana.
El gobernador aseguró que Chiapas debe avanzar bajo un marco de legalidad y responsabilidad pública, por lo que cada señalamiento será atendido con firmeza, claridad y apego a derecho, privilegiando la estabilidad institucional y la certeza jurídica para la sociedad.
¿Qué revela la presunta “narco nómina”?
De acuerdo con la información difundida, el documento contendría registros de pagos, estructura operativa y gastos relacionados con actividades criminales en distintas regiones del estado.
Pagos señalados a corporaciones y operadores
- 100 mil pesos a “Estatal Pakales”.
- 50 mil pesos a “Secretaría S. Cristóbal”.
- 50 mil pesos a “Municipio San Cristóbal”.
- 50 mil pesos a “Direc. Chapa Corzo”.
- 35 mil pesos a “Lic. Chapa Corzo”.
- 320 mil pesos semanales en diversos “apoyos”.
Estructura operativa en Chiapas
- Más de 300 sicarios desplegados en el sur del estado.
- Células divididas en grupos de 10 integrantes.
- Presencia en Pantelhó, Chenalhó, Ocosingo, Mapastepec, Villaflores y Pueblo Nuevo.
- Disputa territorial por la frontera con Guatemala.
Gasto semanal por células
- 283 mil pesos para 80 hombres en Tzanembolóm, Chenalhó.
- 131 mil 200 pesos para 43 hombres en Pantelhó.
- Sueldos individuales de entre 2 mil y 10 mil pesos semanales.
Centros de adiestramiento y logística
- Nómina denominada “Escuela Viejo Chiapa”: 20 mil pesos.
- Pagos individuales de 2 mil, 3 mil y 5 mil pesos a ocho sujetos.
- Recursos destinados a renta de casas, despensa, gas y traslados.
- Gastos en transporte por aplicación, motocicletas, vehículos y empaquetado de droga.
Contexto de violencia
- Incremento de enfrentamientos armados desde 2023.
- Presencia de grupos criminales como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el denominado Cártel Chiapas-Guatemala.
- Control estratégico del corredor fronterizo con Guatemala como objetivo principal.
Las autoridades estatales reiteraron que los datos difundidos forman parte de señalamientos en proceso de verificación y que será la investigación oficial la que determine la veracidad de la información y las posibles responsabilidades correspondientes.
