CHIAPAS.- En un operativo que refleja el endurecimiento de las acciones federales contra el crimen organizado en la zona metropolitana de Chiapas, elementos de la Guardia Nacional lograron la detención de un presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa (CDS), junto a un grupo de sujetos armados que se desplazaban en dos camionetas en el municipio de Chiapa de Corzo.
De acuerdo con reportes de inteligencia, los individuos intentaron evadir su detención afirmando que contaban con supuestos “acuerdos”, en un aparente intento por intimidar o persuadir a las fuerzas federales. Sin embargo, mandos de la corporación respondieron de forma contundente que no existía ningún tipo de pacto, procediendo de inmediato a su aseguramiento.
Durante el operativo, las autoridades federales incautaron fusiles de asalto, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, chalecos tácticos, varios teléfonos celulares y antenas de comunicación satelital de Starlink, tecnología que ha sido utilizada por grupos criminales para mantener comunicación en zonas con limitada cobertura convencional.
De manera extraoficial, trascendió que entre los detenidos se encuentra un presunto “comandante” vinculado a esta organización criminal, lo que representaría un golpe estratégico a su estructura operativa en la región.
Este operativo envía un mensaje claro sobre la presencia y actuación de las fuerzas federales en Chiapas, donde en los últimos meses se ha reforzado la vigilancia ante el avance de grupos delictivos que buscan controlar territorios clave para sus operaciones.
Habitantes de la zona han manifestado su preocupación por la presencia de células armadas, por lo que estas acciones representan un paso importante en la recuperación de la seguridad y la tranquilidad social. La detención de presuntos líderes criminales no solo debilita la capacidad operativa de estas organizaciones, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la paz.
Los detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a la ley, mientras continúan las investigaciones para desarticular por completo esta red criminal.
