TABASCO.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica patrimonial a las familias, autoridades estatales realizan un censo casa por casa en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Centro, donde más de mil 200 predios serán evaluados como parte de un proceso que busca su eventual regularización.
A través de los Servidores del Pueblo, se aplican cuestionarios directamente a las y los habitantes, con el fin de integrar expedientes individuales que permitan conocer la situación legal de cada lote y avanzar en los estudios correspondientes. Este proceso busca escuchar a las familias y conocer el estatus de sus terrenos, así como las condiciones en las que se encuentran.
El levantamiento de información incluye datos sobre la superficie de los predios y la disponibilidad de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, elementos fundamentales para garantizar condiciones dignas de vida.
Toda la información recopilada será procesada en una base de datos oficial, lo que permitirá generar la documentación necesaria para avanzar en el proceso de regularización y otorgar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias que habitan en esta zona.
Como parte del procedimiento, al concluir la entrevista se entrega a los propietarios un comprobante del censo, y en el frente de cada vivienda se coloca una calcomanía con la leyenda “Inmueble verificado” y un número de folio, que confirma su incorporación al programa.
Estas acciones forman parte del trabajo coordinado de una comisión interinstitucional encabezada por la Subsecretaría de Servicios Registrales de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, en cumplimiento de un compromiso del gobernador Javier May Rodríguez de brindar seguridad jurídica a las familias tabasqueñas.
Autoridades reiteraron que este es un programa público y gratuito, por lo que no existen intermediarios ni gestores, e hicieron un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.
La regularización de predios representa un paso fundamental para que las familias puedan acceder a beneficios como servicios públicos, programas de vivienda y certeza sobre su patrimonio, fortaleciendo así su seguridad y bienestar social.
