CHIAPAS / MÉXICO.- El pasado 12 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar el amparo promovido por 308 víctimas del desplazamiento forzado interno derivado de los hechos ocurridos en Acteal entre 1994 y 1997, un caso que podría marcar un precedente histórico para miles de personas desplazadas en el país.
El abogado Leonel Rivero, quien junto a Sandino Rivero lleva la defensa legal, considera que este análisis del máximo tribunal abre la posibilidad de establecer jurisprudencia aplicable a todas las víctimas de desplazamiento forzado interno en México.
Un proceso marcado por omisiones
En entrevista, Rivero explicó que el juicio de amparo fue promovido el 28 de septiembre de 2023 y quedó radicado en el juzgado quinto con sede en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, el amparo fue negado a los 308 quejosos, por lo que solicitaron al Tribunal Colegiado en materia administrativa que declinara su competencia y remitiera el caso a la SCJN, debido a la trascendencia del asunto.
Detalló que, aunque se reclaman nueve actos, los más relevantes están relacionados con el desplazamiento forzado interno, considerado una grave violación a los derechos humanos. Subrayó que durante el retorno de las familias en 2002 y 2003 existió una omisión por parte de los tres niveles de gobierno al no atender las causas que originaron el desplazamiento.
Entre los agravios más sensibles, destacó el impacto en niñas y niños que vieron truncados sus proyectos de vida al carecer de servicios médicos, alimentación adecuada y acceso a la educación en los lugares a los que fueron desplazados.
Rivero también aclaró versiones difundidas en algunos medios sobre una posible reapertura del caso de la masacre:
“Esto no significa que se vuelva a investigar ese hecho. Aquí el tema es quiénes fueron responsables del desplazamiento forzado interno y, en todo caso, la Corte podría determinar que se investigue a quienes lo propiciaron”, puntualizó.
Lo que sigue
El abogado informó que el siguiente paso será conocer cuál de los siete ministros que votaron a favor de la atracción elaborará el proyecto de sentencia. No descartó que la Corte convoque a audiencias públicas y escuche a organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas desplazadas, con el objetivo de construir una resolución incluyente cuyos efectos puedan extenderse a todas las víctimas de este fenómeno en el país.
Rivero, quien también participó en la defensa del profesor Alberto Patishtán, señaló que el fallo podría tardar varios meses, incluso el resto del año, dependiendo de la metodología que adopte el ministro ponente.
De concretarse una sentencia de fondo, este caso podría convertirse en un parteaguas para el reconocimiento pleno del desplazamiento forzado interno como una violación grave a los derechos humanos y para la reparación integral de las víctimas en México.
