TABASCO.- Como parte de los proyectos estratégicos impulsados por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha invertido cerca de 300 millones de pesos en 19 acciones de infraestructura hidráulica en Tabasco, orientadas a disminuir los riesgos de inundaciones y salvaguardar la integridad de más de 21 mil habitantes.
Estas obras forman parte de una estrategia integral de prevención que prioriza a las comunidades históricamente vulnerables ante los fenómenos hidrometeorológicos, reforzando la protección de viviendas, cultivos y medios de subsistencia.
Entre los trabajos ya concluidos destacan obras de protección en 2.7 kilómetros de ríos principales del estado, incluyendo el río Samaria, a la altura del ejido Colima, en Cunduacán; el río La Sierra, en El Cedral, municipio de Centro, Astapa, Jalapa y la cabecera municipal de Tacotalpa; el río Puxcatán, en Nicolás Bravo, Villa Tepetitán y la cabecera municipal de Macuspana; así como el río Usumacinta, en la comunidad La Guayaba, municipio de Jonuta.
De igual manera, se construyó una obra de captación de agua en el río El Mango, en Nacajuca; espigones en el río La Sierra, en Jalapa, y la instalación de 12 compuertas en municipios como Balancán, Centro y Jalapa, fortaleciendo el control de escurrimientos y el manejo de niveles hídricos.
Paralelamente, Conagua realizó labores de desazolve en más de 49 kilómetros de los ríos Jolochero, La Sierra y Pichucalco, además de la escotadura ubicada en la localidad El Censo, municipio de Centro, con el objetivo de mejorar el flujo del agua y reducir la probabilidad de desbordamientos durante la temporada de lluvias.
La dependencia federal reiteró que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de México con la protección civil y el bienestar de la población, al mantener el desarrollo de infraestructura preventiva frente a los efectos del cambio climático.
Con estas obras, miles de familias tabasqueñas cuentan hoy con mayor seguridad y tranquilidad, al reducirse significativamente el riesgo de afectaciones por inundaciones, consolidando una política pública que prioriza la vida, el patrimonio y el desarrollo sostenible de las comunidades.
