Hipólito García | Reporteros del Sur
Con información de Samuel Soto Giles
Hace 30 años, en un angosto terraplén rodeado de pantanos en Nacajuca, Tabasco, la represión policiaco-militar contra comunidades chontales dejó una imagen que recorrería el país: Andrés Manuel López Obrador con la cabeza ensangrentada tras exigir una orden judicial. El episodio, ocurrido el 7 de febrero de 1996, resume un momento clave de la conflictiva relación entre el Estado petrolero y las comunidades indígenas afectadas por la explotación de hidrocarburos.
El contexto: petróleo, contaminación y protesta
Desde finales de los años ochenta, comunidades chontales de Tabasco denunciaban daños severos a sus tierras, al agua y al aire como consecuencia de la explotación petrolera de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los beneficios económicos de esa actividad contrastaban con la pobreza persistente en la región. A mediados de los noventa, el conflicto se agravó por la intención del gobierno federal, encabezado por Ernesto Zedillo, de privatizar plantas petroquímicas estratégicas.
Ante la falta de respuesta institucional, los pobladores optaron por una forma de protesta directa: bloquear los caminos rurales por donde transitaban las empresas contratistas de Pemex rumbo a los pozos. La acción buscaba presionar para obtener indemnizaciones y frenar la devastación ambiental. Para el gobierno, sin embargo, los bloqueos representaban un desafío al control territorial y a la producción petrolera.
El día del desalojo
La mañana del miércoles 7 de febrero de 1996, alrededor de las 11:20 horas, Andrés Manuel López Obrador llegó al poblado de Guatacalca, en el municipio de Nacajuca. Se trasladaba en un Volkswagen blanco, acompañado del dirigente estatal Rafael López Cruz. En el puente de Guatacalca, decenas de chontales mantenían el bloqueo.
El arribo del entonces dirigente opositor coincidió con el inicio del operativo de desalojo. Policías estatales, apoyados por la Policía Federal de Caminos, avanzaron contra los manifestantes. A un costado del dispositivo se encontraban tres comandantes: uno de la policía local, uno del Ejército Mexicano y otro de la Policía Judicial Federal. Detrás de ellos, una doble fila de uniformados verde olivo y azul resguardaba el paso hacia el pozo petrolero Sen.
La escena se desarrolló en un terreno particularmente hostil: un bordo estrecho, rodeado de pantanos, sin margen para replegarse. De un lado, cerca de quinientos militares; del otro, alrededor de mil indígenas chontales. La tensión era máxima.
El reclamo y los golpes
En medio de la trifulca, López Obrador intentó interceder. Pidió calma a los manifestantes y trató de dialogar con los mandos del operativo. Su exigencia fue directa:
—¡Enséñenme la orden para desalojar de sus tierras a los indígenas!
La respuesta no fue verbal. Un primer golpe en la espalda abrió paso a varios más. López Obrador se cubrió el rostro con los brazos mientras los indígenas, impotentes, lanzaban maldiciones en su lengua. En el forcejeo perdió un zapato. Al agacharse para recuperarlo, un granadero lo golpeó por detrás con un tolete en la cabeza. La sangre brotó de inmediato, empapando su camisa y su rostro.
Aun herido, insistió en su llamado:
—¡Calma! ¡Calma! ¡Calma!
La imagen del dirigente ensangrentado se convirtió en símbolo de la represión contra un movimiento que se asumía pacífico.
La versión del protagonista
Años después, López Obrador narró el episodio en su libro Esto soy. Ahí explicó que la protesta buscaba frenar el paso de las compañías petroleras por caminos comunitarios y denunciar un modelo extractivo que enriquecía al Estado mientras empobrecía a los pueblos:
“Por los caminos de las comunidades pasaban las empresas contratistas de Pemex hacia los pozos petroleros, de donde se producen, desde hace años, miles de barriles diarios. En ese tiempo, como ahora, no dejaban ningún beneficio a las comunidades; por el contrario, contaminaban las tierras, el aire y el agua”.
El entonces dirigente recordó también que, tras cantar el Himno Nacional junto con los manifestantes, la orden de avanzar se dio desde helicópteros donde se encontraban jefes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Escudos y macanas cayeron sobre los manifestantes. Él recibió un “garrotazo”, pero aseguró haber salido “con la dignidad en alto”.
Un episodio que trascendió
La represión en Guatacalca no fue un hecho aislado. Formó parte de una estrategia de contención del descontento social en regiones petroleras durante los años noventa. Sin embargo, el golpe a López Obrador tuvo una resonancia particular. Para sus seguidores, confirmó su papel como dirigente cercano a las causas populares; para sus críticos, evidenció la radicalización de las protestas.
Periodistas como René Alberto López y Rosa Icela Rodríguez documentaron los hechos para La Jornada, mientras que una fotografía incluida posteriormente en Esto soy fijó la escena en la memoria pública.
Treinta años después
Tres décadas más tarde, el episodio de Guatacalca sigue siendo citado como uno de los momentos fundacionales de la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador. La escena del dirigente ensangrentado resume una época de confrontación entre comunidades indígenas y un Estado decidido a proteger la producción petrolera a cualquier costo.
Más allá de la figura individual, el hecho revela una problemática estructural que persiste: la tensión entre desarrollo energético, derechos de los pueblos originarios y el uso de la fuerza pública como respuesta a la protesta social. Guatacalca, aquel 7 de febrero de 1996, quedó inscrito como un recordatorio de esa herida abierta.
