Con cerca de 10 mil pochimóviles en circulación y más de la mitad operando fuera de la legalidad, Tabasco enfrenta un problema de desorden en el transporte que se ha agravado tras recientes hechos violentos. La falta de control sobre conductores y unidades encendió las alertas de las autoridades, que ahora refuerzan la coordinación entre Movilidad, la FGE y la SSyPC para regularizar el servicio y cerrar el paso a la inseguridad.
Redacción | Reporteros del Sur
El servicio de pochimóviles y motocarros en Tabasco, que por años ha sido una alternativa de movilidad en colonias populares y comunidades rurales, se encuentra hoy en el centro de la atención pública tras una serie de hechos violentos que han evidenciado la falta de control y regulación en este sector.
Ante este escenario, la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ha reforzado las acciones de registro, verificación y ordenamiento de estas unidades, con el objetivo de atender incidencias de seguridad y prevenir delitos vinculados al transporte irregular.
Un padrón incompleto y miles de unidades fuera de control
El titular de la Secretaría de Movilidad, Rafael Elías Sánchez Cabrales, informó que en la entidad circulan aproximadamente 10 mil pochimóviles; sin embargo, solo alrededor de 4 mil se encuentran debidamente regularizados. Esta disparidad representa un foco de riesgo, ya que más de la mitad de las unidades opera sin autorización oficial, sin padrón claro de conductores ni identificación de propietarios.
La falta de regularización dificulta la actuación de las autoridades ante cualquier incidente, desde accidentes viales hasta hechos delictivos, y complica la identificación de responsables cuando se cometen ilícitos utilizando estas unidades.
Hechos violentos encienden las alertas
En las últimas semanas, diversos hechos de violencia relacionados con motocarros y pochimóviles han encendido las alertas en el estado. Ataques armados, amenazas a operadores y conflictos entre grupos por el control de rutas y zonas de operación han puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector y la necesidad de una intervención institucional más firme.
Aunque no todos los casos están directamente ligados a la prestación del servicio, las autoridades reconocen que la operación irregular facilita el uso de estas unidades para actividades ilícitas, al no existir un control efectivo sobre quién las conduce ni con qué fines se utilizan.
Estos episodios han generado preocupación entre usuarios y trabajadores del sector, así como llamados de distintos sectores sociales para reforzar la seguridad y garantizar que el servicio no sea utilizado como medio para delinquir.
Coordinación interinstitucional para cerrar el paso a la ilegalidad
Como respuesta, la Secretaría de Movilidad firmó convenios de colaboración con la FGE y la SSyPC, que permiten el intercambio directo de información para identificar si las unidades que circulan cuentan con autorización o se encuentran fuera del marco legal.
Sánchez Cabrales explicó que esta coordinación es clave para fortalecer la seguridad, ya que permite a las corporaciones de seguridad actuar con mayor rapidez y certeza, además de facilitar investigaciones cuando se presentan hechos violentos o delictivos relacionados con el transporte.
Regularización, la apuesta del gobierno estatal
El proceso de regularización del motocarro, impulsado por el gobernador Javier May Rodríguez, busca ordenar un sector históricamente desatendido. De acuerdo con las autoridades, este mecanismo permitirá conocer con precisión quién maneja cada unidad, quién es su propietario y contar con datos técnicos del vehículo, lo que representa un avance significativo en materia de control y prevención del delito.
Además de mejorar la seguridad, la regularización también busca dignificar el servicio, establecer reglas claras de operación y brindar mayor certeza tanto a los usuarios como a los propios operadores.
Entre la necesidad social y el reto de la seguridad
Para miles de familias tabasqueñas, los pochimóviles representan una fuente de empleo y un medio de transporte indispensable. No obstante, el crecimiento desordenado del servicio y la ausencia de controles efectivos han generado un entorno propicio para conflictos y riesgos que hoy se reflejan en los recientes hechos violentos.
El reto para las autoridades será lograr un equilibrio entre el ordenamiento del sector, la protección de quienes dependen de esta actividad y la garantía de seguridad para la población, en un contexto donde la legalidad del transporte público se ha convertido en un tema clave para la estabilidad social y la prevención del delito en Tabasco.
