Redacción – Reporteros del Sur
Villahermosa, Tabasco — La gestión de los archivos públicos del Estado de Tabasco ha vuelto al centro del debate político y social, luego de que surgieran interpretaciones sobre el manejo de expedientes vinculados con la administración del exgobernador Arturo Núñez Jiménez (2013–2018). El hecho ha reabierto cuestionamientos sobre transparencia, rendición de cuentas y la preservación de la memoria histórica en la entidad.
Aclaración de Laureano Naranjo Cobián
El entonces director del Archivo General del Estado de Tabasco, Laureano Naranjo Cobián, quien también se desempeñó en la administración de Núñez, ha declarado que no hubo quema ni destrucción de documentos correspondientes a ese periodo. Según Naranjo, los procedimientos realizados se enmarcan en la normativa archivística vigente y tienen un carácter técnico-administrativo, sin implicar pérdida de información relevante para auditorías o investigaciones fiscales.
Esta aclaración busca desmentir versiones que señalaban la eliminación de expedientes históricos, aunque la polémica persiste entre sectores de la sociedad y la opinión pública.
Reacciones políticas
El tema fue retomado por partidos como el PRI, que cuestionaron la transparencia del manejo de expedientes relacionados con la administración de Núñez. Dirigentes locales han señalado la necesidad de garantizar que toda la información vinculada a posibles irregularidades financieras permanezca accesible y que las autoridades actúen con apego a la ley.
Por su parte, el dirigente del PRD en Tabasco, Rafael Acosta León, destacó que su partido no protegerá a funcionarios de administraciones pasadas si se demuestra responsabilidad en irregularidades financieras y enfatizó la necesidad de investigaciones claras y transparentes.
Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
Durante el sexenio de Núñez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) documentaron múltiples irregularidades por el manejo de recursos públicos, incluyendo:
• Pagos sin comprobar y contratos con anomalías.
• Proyectos de obra pública inconclusos o con sobrecostos.
• Falta de medicamentos, personal y equipamiento en el sector salud.
• Ejercicio de recursos sin la documentación suficiente en educación y otros sectores.
Algunas observaciones se solventaron administrativamente, mientras otras permanecen como irregularidades graves, sin que se reportaran sanciones ejemplares.
Estado financiero y percepción de impunidad
Al cierre del sexenio, Tabasco enfrentaba pasivos elevados, dependencia de recursos federales y limitaciones para inversión social y desarrollo. Aunque legalmente Núñez no ha sido declarado culpable de delitos, la percepción social es de corrupción e impunidad, reforzada por la falta de resultados judiciales y la complejidad de los procesos administrativos.
Desafíos institucionales y memoria histórica
El debate sobre los archivos y la documentación del pasado plantea una reflexión sobre cómo las instituciones gestionan la información pública y cómo esto afecta la confianza ciudadana. Especialistas señalan que la preservación de expedientes es fundamental para garantizar transparencia, mientras que la sociedad exige claridad sobre posibles irregularidades financieras históricas.
Para muchos tabasqueños, la cuestión no es solo técnica, sino también simbólica: el manejo de la memoria institucional refleja la capacidad del Estado para rendir cuentas y garantizar que los recursos públicos se administren con responsabilidad.
