Redacción | Reporteros del Sur
Ciudad de México. Desde una celda en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, Hernán Bermúdez Requena —conocido en el mundo del crimen como El Abuelo, El Munra o Comandante H— intentó anticiparse a un escenario que, según versiones dentro del penal y reportes periodísticos, podría marcar el siguiente capítulo de su proceso judicial: una eventual extradición a Estados Unidos.
Sin embargo, su estrategia legal no prosperó. Un juez federal desechó el juicio de amparo que promovió para impedir o frenar ese procedimiento, al considerar que la supuesta orden de extradición no existe formalmente o, al menos, no ha sido notificada por las autoridades correspondientes.
La resolución exhibe uno de los principios básicos del juicio de amparo en México: la necesidad de que exista un acto de autoridad concreto que afecte de manera real y actual los derechos de una persona.
El intento de anticiparse a la extradición
Bermúdez Requena permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este penal es considerado el de mayor seguridad del país y ha albergado a algunos de los criminales más notorios de las últimas décadas.
El presunto líder del grupo delictivo La Barredora enfrenta procesos por delitos graves como extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.
En ese contexto, el acusado decidió presentar un juicio de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca. El objetivo era impedir una posible extradición hacia Estados Unidos o, al menos, obligar a las autoridades a informarle formalmente sobre la existencia de ese procedimiento.
En su demanda, Bermúdez Requena argumentó que el pasado 5 de marzo custodios del penal le habían comentado que “ya me iba al gabacho porque existe una orden de extradición en mi contra”. A su juicio, ese comentario se veía reforzado por diversas notas periodísticas publicadas en medios de circulación nacional que mencionaban esa posibilidad.
Con base en ello, sostuvo que existía un procedimiento de extradición en su contra del cual no había sido notificado formalmente, lo que —según afirmó— vulneraba su derecho de defensa.
“Ante la existencia de un procedimiento de extradición en mi contra, sin que haya mediado notificación formal, comparezco a promover el presente juicio de garantías”, expuso en su escrito.
El criterio del juez
El caso quedó en manos del juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.
Tras revisar la demanda, el juzgador determinó desecharla al considerar que el acto reclamado —la presunta orden de extradición— era “futuro e incierto”.
En términos jurídicos, esto significa que no existe evidencia de que la autoridad haya iniciado formalmente ese procedimiento o de que haya tomado una decisión que afecte directamente al quejoso.
El juez subrayó que el propio Bermúdez Requena reconoció en su demanda que no había recibido ninguna notificación oficial sobre una solicitud de extradición. La única referencia que presentó fueron comentarios de custodios del penal, quienes no tienen facultades para notificar resoluciones judiciales ni decisiones relacionadas con procedimientos internacionales.
Además, el juzgador consideró que las notas periodísticas citadas por el acusado tampoco constituyen prueba de la existencia de un proceso de extradición.
“Únicamente cuenta con comentarios de los custodios del centro penitenciario en el que se encuentra recluido, pero tales servidores públicos no son los autorizados para notificar cuestiones de procedimiento”, señaló el juez en su resolución.
El principio de afectación jurídica
La decisión también se sustenta en uno de los requisitos fundamentales para promover un juicio de amparo: que exista un perjuicio real y actual en la esfera jurídica del solicitante.
De acuerdo con el juzgador, Bermúdez Requena no ha sufrido hasta ahora ninguna afectación concreta derivada de un acto de autoridad relacionado con su posible extradición.
“El quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica”, indicó el juez.
En consecuencia, el tribunal concluyó que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que este mecanismo constitucional está diseñado para proteger derechos frente a actos concretos de autoridad que los vulneren.
En otras palabras, el amparo no puede utilizarse para anticiparse a hechos que aún no han ocurrido ni para combatir decisiones que todavía no existen formalmente.
El juez también recordó que el simple temor de que una autoridad pueda realizar un acto en el futuro no implica una violación a derechos fundamentales.
Un mecanismo clave en procesos de extradición
El amparo suele ser uno de los recursos más utilizados por personas sujetas a procesos de extradición en México. A través de este mecanismo, los acusados buscan frenar su entrega a otro país o cuestionar la legalidad del procedimiento.
En muchos casos, los amparos se presentan una vez que la persona ha sido notificada formalmente de la solicitud de extradición o de alguna resolución relacionada con el proceso.
Sin embargo, en este caso el juez consideró que Bermúdez Requena intentó activar ese recurso de manera prematura.
Un proceso que podría escalar
Aunque el amparo fue desechado, la resolución no descarta que en el futuro pueda iniciarse un procedimiento de extradición si existe una solicitud formal de parte del gobierno de Estados Unidos y las autoridades mexicanas deciden procesarla.
De ocurrir ese escenario, el acusado tendría la posibilidad de recurrir nuevamente al amparo para impugnar las decisiones que considere violatorias de sus derechos.
Por ahora, Bermúdez Requena continuará recluido en el penal del Altiplano mientras enfrenta los procesos penales abiertos en su contra en México.
El episodio refleja cómo, incluso antes de que se formalicen decisiones judiciales o diplomáticas, los actores involucrados en casos de alto perfil intentan mover piezas legales para anticipar posibles desenlaces.
En este caso, la jugada legal de El Abuelo no prosperó. Pero también dejó claro que, en el complejo terreno de las extradiciones y el combate al crimen organizado, cada movimiento jurídico puede convertirse en una pieza más dentro de una larga disputa entre acusados, tribunales y autoridades de justicia.
