VERACRUZ.- Tras una investigación interna, el Ayuntamiento de Santiago Tuxtla detectó un presunto desfalco por alrededor de 133 millones de pesos correspondiente a la pasada administración municipal encabezada por la exalcaldesa panista Kristel Hernández Topete.
El actual presidente municipal, Noé Domínguez Cadena, informó en rueda de prensa que presentará siete denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, luego de identificar irregularidades financieras, adeudos fiscales y múltiples inconsistencias en obra pública que habrían generado un importante daño patrimonial al municipio.
El edil explicó que entre las anomalías detectadas se encuentran la falta de pago de impuestos federales y estatales, así como irregularidades en al menos 64 obras públicas ejecutadas entre 2024 y 2025. Señaló que la administración anterior no ha podido comprobar una parte significativa de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), cuyas observaciones superan los 80 millones de pesos únicamente en el rubro de obra pública.
Además, Domínguez Cadena reveló que el gobierno municipal heredó adeudos fiscales por aproximadamente 53.7 millones de pesos, recursos que —aseguró— sí estaban presupuestados, pero nunca fueron pagados.
Entre los pendientes detectados destacan retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no enteradas a la federación, falta de pago del 3 por ciento sobre nómina y diversas obligaciones incumplidas con autoridades hacendarias estatales y federales.
“Ese dinero lo tenían, lo presupuestaron, pero simplemente no lo pagaron”, afirmó el alcalde, quien advirtió que estas omisiones han provocado afectaciones directas al municipio, ya que las participaciones federales llegan con descuentos derivados de multas, recargos y créditos fiscales generados por dichos incumplimientos.
Asimismo, informó que la Auditoría Superior de la Federación notificó una observación adicional por 16 millones de pesos considerada como falta grave, por lo que se ordenó iniciar una investigación administrativa en el área de Contraloría Interna, la cual podría derivar en sanciones e inhabilitaciones de exfuncionarios.
El alcalde aseguró que, pese a las complicaciones financieras heredadas, su administración ha realizado ajustes para cumplir con las obligaciones básicas del Ayuntamiento y evitar mayores afectaciones a la población.
“Desde el primer día estamos estirando los recursos. A pesar de que no había dinero, fuimos de los pocos ayuntamientos que pagaron la primera quincena y seguimos cumpliendo nuestras obligaciones para que la población sea la menos afectada”, puntualizó.
