TABASCO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años y 6 meses de prisión en contra de Joel García Zamudio, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, mediante un procedimiento abreviado que permitió una resolución ágil del caso y justicia para la familia de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2025, alrededor de las 22:00 horas, sobre el puente que conduce al municipio de Nacajuca, a la altura de la ranchería Medellín y Pigua tercera sección, donde el hoy sentenciado agredió físicamente al agraviado.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Joel García Zamudio propinó múltiples golpes a la víctima, causándole lesiones de gravedad que derivaron en su fallecimiento, configurándose el delito de homicidio calificado.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado de Control de la Región Judicial Número Nueve, bajo la causa penal 828/2025, la autoridad judicial admitió el procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso penal, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad en los hechos y renunciara a su derecho a un juicio oral.

Como resultado, el Juez de Control dictó las siguientes sanciones:

  • Pena de prisión: 18 años y 6 meses de cárcel.
  • Reparación del daño: Pago de 428 mil 808 pesos a favor de los familiares de la víctima.
  • Sanciones adicionales: Suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Al renunciar las partes al plazo legal para impugnar la resolución, la sentencia quedó firme, por lo que deberá cumplirse en su totalidad conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

Justicia y reparación para las víctimas

Este fallo representa un paso importante en el acceso a la justicia y la reparación del daño para los familiares de la víctima, además de reforzar el compromiso institucional de sancionar con firmeza los delitos que atentan contra la vida.

La Fiscalía reiteró que continuará fortaleciendo sus capacidades de investigación y judicialización, con el objetivo de garantizar que los responsables de actos violentos enfrenten las consecuencias legales y contribuir así a la seguridad y la paz social en Tabasco.

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