TABASCO.- Como resultado de la atención inmediata a denuncias ciudadanas y labores de inteligencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cristóbal “N”, de 41 años de edad, señalado como presunto responsable del delito de pederastia en agravio de una menor de 10 años.
La investigación se inició tras recibirse un reporte anónimo a través de la plataforma digital “Chatea con tu Fiscal”, un canal que permite a la ciudadanía denunciar de manera directa y confidencial posibles hechos delictivos. La información alertó sobre presuntos abusos cometidos contra la menor, lo que activó de inmediato los protocolos especializados de protección.
Bajo un esquema de estricta confidencialidad y respeto a los derechos humanos de la víctima, elementos de la Policía de Investigación desarrollaron diligencias estratégicas sin alertar al entorno familiar, con el objetivo de garantizar la seguridad de la menor y fortalecer la carpeta de investigación. Estas acciones permitieron reunir los indicios necesarios para judicializar el caso.

La orden de aprehensión, derivada de la causa penal 105/2026-M, fue ejecutada el viernes 20 de febrero alrededor de las 12:40 horas, mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La detención se realizó en la colonia Gaviotas Sur, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado.
Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Control de la Región Judicial Número Nueve, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme a derecho.
En paralelo, la menor víctima se encuentra bajo resguardo institucional y recibe acompañamiento integral por parte de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (PROFADE), instancia encargada de garantizar su protección, bienestar y acceso a la justicia.
Este caso evidencia el papel fundamental de la participación ciudadana y el uso de herramientas digitales seguras para denunciar delitos que afectan gravemente a niñas, niños y adolescentes. La intervención oportuna permitió actuar con rapidez, proteger a la víctima y avanzar en el proceso judicial contra el presunto responsable.
Las autoridades reiteraron su compromiso de investigar y sancionar cualquier delito que vulnere la integridad de menores, así como fortalecer los mecanismos de denuncia confidencial para garantizar entornos seguros y libres de violencia.


