MUNDO.- El gobierno de Honduras ofreció disculpas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de las declaraciones del ministro hondureño de Seguridad, Gerson Velázquez, quien cuestionó el modelo de seguridad implementado por el mandatario salvadoreño y su respeto a los derechos humanos.

“Si se malinterpretó, pedimos disculpas”, expresó el secretario de Comunicaciones del gobierno hondureño, José Argueta, al referirse a los comentarios emitidos por Velázquez el sábado pasado durante una entrevista televisiva. Argueta lamentó “si las declaraciones fueron mal tomadas en El Salvador” y sostuvo que las opiniones de un funcionario pueden obedecer incluso a un lapsus, sin representar una política de Estado.

Velázquez señaló que la estrategia de Bukele responde a condiciones geográficas y políticas específicas, por lo que —afirmó— “no es una receta para replicar exactamente en todos los países”. Añadió que ambas naciones, que comparten una frontera de 375 kilómetros, tienen realidades distintas, y destacó que El Salvador incluso cabe dentro del departamento de Olancho, el más extenso de Honduras.

El funcionario hondureño también sostuvo que El Salvador cuenta con más de 60 mil elementos policiales y militares, con un control institucional que permite reformas “inclusive que van en contra de los derechos humanos”.

Ante estas afirmaciones, Bukele reaccionó la medianoche del sábado a través de la red social X. “Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad (de Honduras) defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, escribió el mandatario.

Por su parte, Argueta llamó a fortalecer la unidad regional para enfrentar el crimen organizado transnacional, al advertir que delitos como el narcotráfico y la trata de personas afectan por igual a todos los países de Centroamérica.

De acuerdo con cifras oficiales, Honduras se mantiene como el país más violento de la región, con una tasa de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2025, seguido por Guatemala con 17.3, mientras El Salvador registra la tasa más baja, con 1.3, en medio del debate regional sobre los distintos enfoques de seguridad pública.

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