TEQUILA, TAB.- Empresarios, comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Tequila, Jalisco, habrían sido sometidos durante meses a un esquema sistemático de extorsión y abuso de poder presuntamente encabezado por el presidente municipal Diego Rivera Navarro y un grupo de colaboradores, quienes habrían utilizado las estructuras del ayuntamiento para imponer cobros ilegales, clausuras arbitrarias y sanciones fuera del marco jurídico.
De acuerdo con denuncias, testimonios e investigaciones periodísticas, desde que Rivera Navarro asumió el cargo en octubre de 2024 se habría instaurado un mecanismo delictivo en el municipio, presuntamente bajo la protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al edil de delincuencia organizada, extorsión y secuestro, al considerar que utilizó el poder gubernamental para fines criminales, en lo que describe como “la fusión de la criminalidad con el poder político”.
El caso que detonó la atención nacional fue el de la tequilera José Cuervo, la mayor productora del país, que en diciembre de 2025 denunció el cobro de un impuesto predial por 60 millones de pesos, cifra que duplicaba la recaudación anual de ese concepto en Tequila. Tras negarse a pagar, agentes municipales clausuraron temporalmente la destilería. Posteriormente, luego de negociaciones, la empresa terminó pagando 17 millones de pesos y los sellos fueron retirados, evidenciando el uso de clausuras como mecanismo de presión.
Este patrón, según autoridades estatales, se replicó en al menos 10 empresas tequileras y hoteles, cuyos representantes denunciaron extorsiones y cobros irregulares por parte del gobierno municipal.
Además, comerciantes y transportistas turísticos señalaron que se les exigía un pago de 50 pesos por cada turista que ingresaba al municipio, cuota que debían cubrir las empresas como una especie de “derecho de suelo” para poder operar. Pequeños emprendedores también denunciaron cierres prolongados de sus negocios, incluso después de cubrir multas y cumplir con los requisitos exigidos por el ayuntamiento.
Testimonios integrados en la carpeta de investigación federal revelan que algunos comerciantes debían pagar hasta 50 mil pesos para reabrir tras una clausura, además de cuotas mensuales de 20 mil pesos para continuar operando. En otros casos, las extorsiones alcanzaron montos únicos de hasta 150 mil pesos.
El expediente judicial señala que el ayuntamiento de Tequila habría sido convertido en una plataforma para secuestros, extorsiones y control político, con la participación directa de funcionarios municipales y policías locales. Entre los presuntos integrantes de esta estructura se identifican a:
- Diego Rivera Navarro, presidente municipal, señalado como líder del grupo.
- Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial.
- Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública.
- Isaac “N”, director de Obras Públicas.
- Julio “N”, colaborador del ayuntamiento.
- Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, policía presuntamente vinculado al CJNG.
- Francisco Javier “Faraón”, operador.
- Además de escoltas, policías municipales y personas del círculo cercano del alcalde.
La presencia de Severo Flores Mendoza, originario de Tequila, otorga dimensión internacional al caso. El excoordinador policial de la región Valles fue señalado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente brindar protección y recursos al CJNG a cambio de sobornos. Bajo su influencia, la zona fue escenario de desapariciones, decomisos y la instalación de presuntos narcocampamentos para reclutamiento forzado.
Entre los testimonios más graves figuran los de dos excandidatos de Morena, quienes denunciaron haber sido privados de la libertad, golpeados y obligados a firmar su renuncia bajo amenazas de muerte. Ambos señalaron directamente al alcalde como responsable.
Otros comerciantes relataron agresiones físicas, daños a sus negocios y amenazas constantes. Un denunciante aseguró que Rivera Navarro acudió personalmente a su establecimiento acompañado de policías armados para exigir pagos semanales, bajo advertencia de secuestro.
Las investigaciones continúan en manos de la FGR, mientras el caso sigue revelando una presunta red de corrupción y violencia que habría operado desde el propio gobierno municipal de Tequila.
