REDACCIÓN | Reporteros del Sur
El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y propietario de empresas como TV Azteca y Elektra, realizó un pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 10,400 millones de pesos como parte de un acuerdo para saldar una millonaria deuda fiscal que se prolongó por más de 15 años.
Deuda histórica: cómo llegó aquí
La disputa se remonta a créditos fiscales impugnados desde ejercicios del 2008 al 2013, relacionados con declaraciones fiscales y cálculos de pérdidas en empresas del conglomerado, especialmente en Elektra.
Con el paso de los años, los reclamos fiscales se actualizaron, se impusieron recargos y multas, y la deuda creció. Para finales de 2025, cifras oficiales y judiciales reflejaban que el monto total exigido por el SAT ascendía a 51 mil millones de pesos, que en algunos cálculos podría acercarse a cifras aún mayores conforme se agregan actualizaciones por recargos e intereses.
Un acuerdo tras años de litigios
Después de años de litigios en tribunales, incluyendo recursos de amparo y apelaciones incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Salinas Pliego agotó prácticamente todas las defensas judiciales disponibles dentro de México. Los tribunales negaron sistemáticamente los amparos que presentaba su defensa fiscal.
Al agotarse esos recursos, y con el plazo legal para saldar deudas voluntariamente ya vencido, el panorama legal se volvió más claro: si no pagaba, las autoridades podrían proceder a embargar bienes para cubrir la deuda.
Fue en ese contexto que el empresario decidió finalmente aceptar un acuerdo con el SAT, que contempla un descuento fiscal de hasta 37%, aplicable por ley cuando el contribuyente se pone al corriente de manera voluntaria dentro de los plazos y términos permitidos.
El primer pago: 10 mil millones ya entregados
El acuerdo se inició con la entrega de 10,400 millones de pesos, un pago que fue confirmado por Hacienda como cumplido y que representa una parte significativa del pacto fiscal.
Este desembolso es apenas el comienzo de un plan de pagos: se acordó que el monto restante se cubrirá en 18 abonos, descritos en los medios como “abonos chiquitos”, una modalidad que facilita la liquidación gradual sin obligar a un pago único inmediato de todo el adeudo.
¿Cuánto será en total?
Bajo los términos del acuerdo y aplicando el reajuste fiscal, el monto total que Salinas Pliego se comprometió a pagar sería aproximadamente 32,133 millones de pesos —es decir, alrededor de 37% menos de lo que originalmente exigía el SAT tras los recargos.
1. Fin a una disputa de más de 15 años
El caso estuvo marcado por litigios extensos y el uso prolongado de recursos legales por parte del Grupo Salinas, que impugnó sistemáticamente las determinaciones fiscales. Finalmente, el acuerdo representa un punto de inflexión —más allá de cubrir una deuda, pone fin a un proceso jurídico que ya había agotado prácticamente todas las instancias internas.
2. Precedente para el tratamiento de grandes deudores fiscales
Al aplicarse un descuento fiscal ordenado por ley y pactarse pagos graduales, Hacienda refuerza la idea de que incluso grandes contribuyentes con litigios fiscales pueden regularizarse sin llegar a embargos masivos de bienes, siempre que acepten los términos legales y pagos acordados.
3. Contexto político y económico
Más allá de lo estrictamente fiscal, el caso generó tensiones políticas, ya que el empresario ha señalado en ocasiones que el proceso en su contra tiene tintes de “persecución política”, llegando incluso a elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, autoridades del gobierno han defendido el procedimiento como una aplicación rigurosa de la ley, y figuras políticas han subrayado que “las deudas no se politizan, se pagan”.
Qué sigue
Con el primer gran pago ya hecho, el siguiente paso será que Salinas Pliego cumpla con los 18 pagos acordados para completar los aproximadamente 32 mil millones de pesos. La concreción de cada abono será vigilada tanto por Hacienda como por analistas fiscales y políticos, debido a la relevancia del caso.
El calendario de pagos y el ritmo de amortización definirán si este acuerdo puede convertirse en un modelo para otros contribuyentes con disputas fiscales prolongadas o si —como algunos críticos sugieren— refleja privilegios aplicados a grandes contribuyentes.
