TABASCO.- Tras darse a conocer en redes sociales un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado viernes en la comunidad de La Ceiba, en la Villa Tamulté de las Sabanas, municipio de Centro, dirigentes estatales de los partidos Morena y PRD manifestaron su respaldo a Maribel “N”, ciudadana detenida en su tienda de abarrotes ubicada en el kilómetro 8.5 de la carretera Tamulté–Buenavista, por el presunto robo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, Rafael Acosta León, calificó como incorrecta la detención de la comerciante, al considerar que se trata de una medida desproporcionada que afecta a ciudadanos en un contexto económico adverso para la entidad. Señaló que privar de la libertad a una persona por un adeudo o presunta irregularidad en el pago de un servicio público no es la vía adecuada.
Acosta León indicó que, tras conocer el caso a través de los medios de comunicación, el PRD se pone a disposición de la familia de la detenida para brindarle defensa legal y jurídica, con el objetivo de que se le otorgue su libertad de manera inmediata, al considerar que fue detenida de forma ilegal. Recalcó que no se debe criminalizar a los ciudadanos por adeudos de servicios básicos, ni violentar sus derechos.
Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selvan García, también expresó su solidaridad con la afectada y destacó que el movimiento de Resistencia Civil tiene un origen histórico en Tabasco, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá respetuosa de las acciones de otras fuerzas políticas, pero refrendó su postura de no dejar sola a la ciudadana detenida.
Selvan García subrayó que, al tratarse de una tabasqueña, confió en que habrá una intervención de la autoridad administrativa para revisar el caso y garantizar el respeto a sus derechos, reiterando el respaldo del movimiento a la mujer y a su familia.
Cabe señalar, que la FGR no ha emitido un comunicado oficial sobre este caso en particular, por lo que ha generado reacciones en el ámbito político y social, al poner nuevamente en la discusión pública la forma en que se atienden los presuntos adeudos de servicios públicos y el actuar de las autoridades en este tipo de operativos.
