“Tiene que haber responsabilidades, porque no fue el daño a una persona en particular, fue a las y los trabajadores, no puede haber impunidad”, advierte el mandatario estatal (Foto: Tomás Rivas)
VILLAHERMOSA, TAB/ARMANDO GUZMÁN
El gobernador Javier May Rodríguez anunció que solicitará que el Congreso del estado y su gobierno formen “una comisión de la verdad”, para investigar el destino de miles de millones de pesos desaparecidos de un fideicomiso que derivó en la quiebra financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET).
“Tiene que haber responsabilidades, porque no fue el daño a una persona en particular, fue a las y los trabajadores, no puede haber impunidad”, advirtió.
El caso ISSET ocupó casi todo el tiempo de la conferencia “mañanera” de este miércoles, luego que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varias reformas del instituto que, en 2015, aprobó el Congreso, promovidas por el entonces gobernador perredista, Arturo Núñez Jiménez.
Foto: Tomás Rivas
“Recibimos un quebranto”, lamentó el gobernador Javier May y explicó que las pensiones de las y los jubilados se pagan con aportaciones de trabajadores activos pero no alcanza, por lo que el gobierno del estado tiene que dar una aportación mensual para cubrir la pensiones de las y los jubilados.
“Esto ya sabíamos desde la campaña, de acuerdo con encuentros con las y los trabajadores, pensionados, jubilados, nos platicaron, nos comentaron y pudimos tener más información, ahora ya tenemos más claro cómo está”, manifestó.
“El fideicomiso está quebrado, está radicado en el banco Santander y tiene un saldo de 35 millones de pesos”, expuso.
“Vamos solicitar que el Congreso del estado con el gobierno del estado, formemos una comisión de la verdad, qué pasó con ese fideicomiso, donde se destinó ese recurso de las y los trabajadores…ese patrimonio donde se orientó, que sepamos la verdad y desde luego que vamos emprender acciones”, sentenció.
Expuso que para rescate del ISSET se está planteando volver a reactivar el fideicomiso, mediante aporte de su gobierno de un capital semilla para poder ir recuperándolo.
“Estamos haciendo un ejercicio para ver el monto que vamos aportar para garantizar que las y los trabajadores alcancen ese derecho y se pueda volver a fondear el fideicomiso”, informó.
“Vamos a estar siempre del lado de las y los trabajadores, vamos a mejorar sus condiciones y queremos rescatar este Fideicomiso”, reiteró.
Por su lado, el director del ISSET, Rodolfo Lehmann Mendoza, dibujó un ruinoso estado físico, financiero y de atención en el instituto.
Foto: Tomás Rivas
Resaltó que hay desbasto de medicamentos, desmintiendo que existiera un 90% de abasto, como se le dijo en la entrega recepción.
Su infraestructura “es muy mala”, pues las instalaciones del ISSET “es una casa varias veces modificada”, no un hospital propiamente.
Problema que se resolverá al mudarse al Hospital Gustavo Rovirosa, una vez que éste sea trasladado a su nueva sede que se construirá en Villahermosa.
En tanto, el consejero jurídico del gobierno Jesús Manuel Argáez de la Santos, detalló los alcances del fallo de la SCJN, que declaró inconstitucional varias reformas nuñista del ISSET.
Foto: Tomás Rivas
SAQUEO BRUTAL AL ISSET CON GRANIER Y NÚÑEZ
A la entrada del gobierno de Adán Augusto López Hernández, en enero de 2019, el director del ISSET, Fernando Mayans Canabal, destapó “una cloaca” de corrupción en el organismo encargado de proporcionar atención médica a empleados del gobierno estatal y de los 17 municipios del estado.
Denunció que las pensiones se “vendían” para cobrar hasta casi 100 mil pesos mensuales, así como las licencias médicas y se justificaba el robo en la compra de medicinas que no ingresaban al instituto.
Además, se hacían recetas al vapor, sin revisar, entre ellas para “cajas de viagra”, así como medicamentos para mujeres con “cáncer de próstata” y hombres con “cáncer de ovarios”.
Denunció que, hasta esa fecha, el ISSET arrastraba un déficit anual de más de mil 600 millones de pesos y deudas por casi 800 millones en cuotas que dependencias estatales, ayuntamientos e instituciones educativas, como el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), descontaban a sus trabajadores y no entregaban al Instituto.
Todo “gracias al valemadrismo de las autoridades anteriores”, desde el gobierno priista de Andrés Granier Melo (2007-2012) hasta el del perredista Arturo Núñez Jiménez (2013-2018), apuntó.
Asimismo, no había “un solo peso” de los 8 mil millones que al menos debería haber en cuentas del fondo de pensiones, aunque “ese fondo podría estar entre los 13 y 14 mil millones de pesos, que es dinero de los trabajadores y que desapareció”.
Mayans Canabal refirió que anteriores directivos del ISSET aceptaban cartas de alcaldes, delegados, amigos y compadres, y con “el moche” valoraban y otorgaban las pensiones hasta por más de 100 mil pesos mensuales, mientras la mayoría de pensionados recibían menos de 500 pesos.
Detalló que las pensiones se vendían y citó casos de personas que sólo trabajaron dos años y fueron pensionados con 25 años de antigüedad, mediante “un moche” a los directivos en turno.
“Eso es corrupción, es robo”, acusó y que se dio en el otorgamiento de licencias de especialidades médicas, que de acuerdo con la ley deben concederse hasta por 30 días tres veces al año, sin embargo, habían licencias de mil 800 y 367 días, y 13 a la misma persona, “porque las vendían”.
En 2012, último año del sexenio de Andrés Granier Melo, se gastaron más de 72 millones de pesos para medicinas que no llegaron al instituto y se quiso justificar “con recetas absurdas para los pacientes”, tronó.
De igual manera, mencionó que la suma del costo de las medicinas en recetas no rebasaban los 11 millones 100 mil pesos, pero se gastaron 72 millones 327 mil pesos, en un fraude en el que participaron 30 médicos con firmas falsas.
Citó que a un paciente le recetaron 50 cajas de viagra, “porque era cara”, y a mujeres les recetaban por cáncer de “próstata” y a hombres por cáncer de “ovarios”.
También alertó sobre el riego que corría la guardería del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) del ISSET, ubicado a un lado de la subestación eléctrica del Instituto y de un tanque estacionario de gas.
Y de las deplorables condiciones que, desde entonces, se encuentran las instalaciones del ISSET, en cuya azotea se construyeron 28 consultorios que nunca se utilizaron porque se hicieron de tabla roca y techos de lámina con falso plafón, a un costo de 300 millones de pesos.
Puntualizó que las más graves anomalías se detectaron en 2012, último año del gobierno priista de Andrés Granier Melo, pero también en la administración del perredista Arturo Núñez, y que incluso hubo denuncias ante la Fiscalía General del estado (FGE) y la Contraloría tabasqueña, “y nunca hicieron nada, se hicieron de la vista gorda”.
En el gobierno de Núñez, las 18 farmacias del ISSET se concesionaron a una empresa privada, a la que el Instituto pagaba más de 228 millones de pesos anuales por medicinas.
Finalmente, anunció que se realizaban auditorías en todas las áreas del ISSET para presentar las denuncias administrativas y penales por “la cloaca” encontrada.
