CIUDAD DE MÉXICO/ REDACCIÓN
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la exposición de iniciativa de reforma a la Constitución que ratifica la austeridad republicana como principio rector para la correcta administración del presupuesto, así como el tope salarial para servidoras y servidores públicos.
En conferencia de prensa matutina la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el proyecto de modificación al artículo 134 constitucional respaldará el ejercicio responsable de los recursos del pueblo.
Los argumentos hacen frente a las resistencias de algunas autoridades que no aplican la política de austeridad republicana, escudándose en la división de poderes, la autonomía constitucional o la soberanía de los estados.
Al respecto, la funcionaria presentó los planteamientos, enviados por el Ejecutivo el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, que aseguran la austeridad republicana en todos los niveles de gobierno:
Facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Austeridad Republicana, obligatoria para todos los poderes, niveles y autoridades del Estado mexicano sin excepción.
Prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público.
Suprimir esquemas privados de jubilación, pensión y retiro; seguros de separación, de gastos médicos mayores o de vida; cajas de ahorro o cualquier otro privilegio pagado con recursos públicos.
La aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana en 2019 ha permitido en cinco años de administración ahorrar miles de millones de pesos que se invierten en el bienestar del pueblo y el desarrollo nacional.
Ningún servidor público gane más que el Presidente de la República
La secretaria de Gobernación expuso que la iniciativa de reforma a la Carta Magna garantizará que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Ante representantes de medios de comunicación ejemplificó que la UMA anual de 2023 fue de 37 mil 844.40 pesos, cifra que multiplicada por 73.04 da como resultado 2 millones 764 mil 155 pesos anuales brutos. De esta forma se estipulará el máximo de salarios de funcionarias y funcionarios públicos.
En ese sentido agregó que los gastos propios del desarrollo de un cargo y los que se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales no forman parte de la remuneración.
Los ahorros por este concepto serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, instrumento que facilitará al gobierno participar en el pago de pensiones completas a trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Desde 2009 el artículo 127 constitucional prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente de la República, sin embargo, 2 mil 560 funcionarios federales violan este principio. De ese total, 2 mil 377 pertenecen al Poder Judicial y 182 forman parte de cuatro órganos autónomos. El excedente de las remuneraciones inconstitucionales supera los 2 mil 264 millones de pesos.
A nivel estatal también existe un número indeterminado de funcionarios que también violan este principio, principalmente en los poderes judiciales locales.
Ahorros por eliminar organismos autónomos se destinarán a fondo de pensiones de trabajadores
A fin de optimizar los recursos públicos y humanos, evitar duplicidades y generar ahorros que financien las pensiones de los trabajadores, el Gobierno de México impulsa la reforma dedicada a eliminar siete organismos autónomos: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Las funciones de cada uno pueden regresar a la rectoría de las diferentes dependencias de la administración federal respetando los derechos de las y los trabajadores. Así lo detalló la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Poder Ejecutivo planteó esta iniciativa en el paquete de reformas a la Constitución enviado el 5 de febrero a la Cámara de Diputados. La propuesta tiene un efecto multiplicador, ya que los ahorros generados por la extinción de los organismos irán directo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se creará con el objetivo de pagar la pensión completa trabajadoras y trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es decir, la correspondiente al último salario percibido previo al retiro.
La titular de la Segob expuso los argumentos del Poder Ejecutivo para fundamentar la reducción de los aparatos burocráticos en beneficio de la clase trabajadora del país:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Cuenta con un presupuesto anual de mil 97 millones de pesos. Los comisionados tienen prestaciones de privilegio, como tarjetas corporativas que usan en bares para reuniones personales.
La institución no asegura mayor transparencia en el actuar público porque ha solapado a grupos corruptos. Por ejemplo, negó información del caso Odebrecht.
Dado que el INAl canaliza información y da vista a los órganos de control para sancionar incumplimientos, se sugiere que cada institución cumpla con sus obligaciones y que los órganos de control vigilen su cumplimiento. El Poder Legislativo, como sujeto obligado, será vigilado por las contralorías.
Fue creado en 2002 como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). En 2014 adquirió mayores atribuciones convirtiéndose en el INAI.
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
Registra un financiamiento anual de 688 millones de pesos.
Ha resuelto casos en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o empresas del Estado.
Sus atribuciones regresarían a la Secretaría de Economía.
Se constituyó en 1992 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Alcanzó autonomía en 2014 en el marco de las denominadas reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto, orientadas a desregular y abrir a los sectores estratégicos de la nación al capital privado.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Mantiene un presupuesto anual de mil 680 millones de pesos.
No ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, pese a su gigantesca estructura orgánica con elevados salarios de sus comisionados.
El proyecto de reforma propone que sus atribuciones regresen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En 1996 fue instaurado como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Logró autonomía en 2013 con las reformas estructurales de Peña Nieto.
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Tienen un presupuesto conjunto anual de 533 millones de pesos. Han entregado miles de permisos y concesiones a empresas extranjeras con el propósito de explotar recursos naturales estratégicos de la nación, en perjuicio de Pemex y CFE.
Se determina que sus atribuciones regresen a la Secretaría de Energía.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), establecida en 1993, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) fue fundada en 2008 como órgano sectorizado a la Secretaría de Energía.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Si bien las actividades del CONEVAL en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo social han sido relevantes, sus funciones se duplican con las acciones que actualmente lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por consecuencia se plantea que pase a formar parte de ese instituto.
El CONEVAL fue instituido en 2004 como organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. Se convirtió en ente autónomo en 2014.
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
Se propone que pase a formar parte de la Secretaría de Educación Pública.
Fue creado en 2013 con el nombre de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el marco de la llamada reforma educativa del sexenio anterior.
La iniciativa de reforma constitucional también contempla la desaparición de 17 organismos descentralizados y desconcentrados federales, que se integrarán a las dependencias responsables de cada ramo.
En las últimas décadas se fundaron estos órganos bajo el argumento de independencia para la toma de mejores decisiones técnicas y garantía de mayor regulación del mercado sin injerencia externa.
Sin embargo, representan gastos, crecimiento de estructuras, duplicidad de funciones, al tiempo que debilitan la rectoría del Estado en el diseño de sus planes y políticas.
